Sale adelante la propuesta de la FRAVM para crear en Madrid un registro de instalaciones con amianto

El proyecto presentado por la FRAVM en Decide Madrid para crear un registro de edificios e instalaciones que contienen amianto ha sido uno de los seleccionados de cara a la ejecución de los Presupuestos Participativos 2018 del Ayuntamiento de Madrid.

“Hoy estamos un poco más cerca de ver nuestra capital libre de amianto, ese peligroso compuesto que, en forma de materiales como la Uralita, aún persiste en las cubiertas de miles de sus viviendas, naves industriales o conductos de agua”, han reconocido desde la FRAVM.

Esto supone “una gran satisfacción” para la federación vecinal, que agradece su apoyo a todas y cada de las 3.087 personas empadronadas en el municipio que firmaron su propuesta en el portal de participación ciudadana.

Gracias a aquel, el Gobierno local destinará 18.000 euros a poner en marcha una base de datos de “edificios, estructuras e instalaciones situadas en la capital que tengan amianto o materiales que contengan amianto (MCA): fibrocemento, placas y tubos (uralitas), plásticos reforzados, telas asfálticas, conducciones de agua potable, calorifugados y cordones (calderas de calefacción y sus conducciones, hornos, instalaciones industriales)”.

Hoy en día las vecinas y vecinos de Madrid conocen las construcciones afectadas que son más visibles, como las miles de viviendas que aún conservan cubiertas de Uralita en San Pascual (Ciudad Lineal), Orcasitas (Usera) y el Poblado Dirigido de Fuencarral, pero sabemos que la ciudad esconde estructuras con amianto en todos los distritos, y su localización y clasificación es un paso imprescindible para su necesaria eliminación.

El amianto, que ha saltado a la actualidad por los casos de cáncer relacionados con la exposición a este compuesto de los trabajadores de Metro de Madrid, es una sustancia que se usó profusamente en el sector de la construcción, la industria o la automoción entre los años sesenta del siglo pasado y el año 2001, cuando se publicó una Orden Ministerial que prohíbe su uso y comercialización en España.

En 2006 se aprobó el Real Decreto 369/2006 que, entre otras cosas, establece las pautas a seguir en trabajos de mantenimiento de instalaciones con amianto y en su retirada. La prohibición de su uso no ha eliminado el riesgo de este agente cancerígeno ya que se calcula que dos millones y medio de toneladas están presentes aún en edificios y estructuras de España, en contacto con la población. La exposición prolongada a las fibras de amianto provoca en el ser humano placas pleurales, fibrosis pulmonar (asbestosis) y, sobre todo, diversos tipos de cáncer como el de pulmón, el de laringe o el mesotelioma pleural.

Uno de los retos de la salud pública actual es la eliminación del amianto instalado y así lo recomiendan numerosas entidades privadas y públicas, incluido el Parlamento Europeo, que en su resolución del 14 de marzo de 2013 insta a los Estados miembro de la UE a poner en marcha planes para su detección, retirada y protección a las víctimas.

“Una medida imprescindible para acometer este tipo de planes es la elaboración de registros de espacios que contengan amianto para, en primer lugar, poder gestionar adecuadamente el riesgo en caso de labores de mantenimiento o emergencia y, en segundo, acometer adecuadamente las labores de retirada para su traslado a vertederos autorizados”. A tenor de la FRAVM, “el ámbito municipal es el más adecuado para elaborar este tipo de registros, tal y como ya sucede en localidades como Valladolid y Bilbao”.

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