El Grupo Municipal del PP en Madrid considera que los hechos podrían ser constitutivos de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha denunciado hoy ante la Fiscalía Anticorrupción la «red clientelar tejida por el Gobierno de Manuela Carmena desde 2015 con su llegada a la alcaldía, tres años en los que se han multiplicado notablemente las contrataciones, subvenciones y convenios de este Consistorio con entidades participadas por miembros de Podemos y sus denominadas confluencias».
El Grupo Municipal del PP en Madrid considera que los hechos podrían ser constitutivos de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
La denuncia se fundamenta en «los evidentes indicios de que las empresas asociadas a la red son en realidad un instrumento de contratación de afines y explica cómo los responsables del actual equipo de Gobierno han creado una vía de acceso preferente a estas entidades para facilitarles la consecución de contratos públicos con una clara ventaja en comparación a otras empresas y quebrantando el principio de libre concurrencia», exponen los denunciantes.
“Instituciones populares de resistencia”
El escrito presentado ante la Fiscalía recoge las palabras del ahora candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, en las que animaba a los suyos a dejar sembradas “instituciones populares de resistencia para refugiarse cuando pierdan las elecciones».
La denuncia explica que «la mayor parte de las empresas y cooperativas beneficiadas por esta red pertenecen a la asociación REAS, de la que forma parte el grupo Tangente, todos ellos próximos a Podemos».
Los convenios firmados con estas entidades «suponen que las cooperativas asociadas a la red son financiadas por el Ayuntamiento, que al mismo tiempo es el avalista, por ejemplo con la fundación Fiare, quien gestionó los donativos y gastos de las campañas de Podemos y Ahora Madrid. Estos donantes, a día de hoy, son desconocidos».
El Grupo Popular ha acudido a la Fiscalía tras la negativa de Ahora Madrid y el PSOE a crear una Comisión de Investigación que «pueda aclarar los casi 20 millones de euros dados a las entidades de la red clientelar».
De esa cantidad, casi 17 millones se han otorgado mediante la fórmula de concursos, contratos menores y convalidaciones de gasto en las que, presumiblemente, podrían haberse cometido irregularidades como «el fraccionamiento de contratos, la relación de algunos concejales y directivos municipales con estas entidades o la concurrencia de licitadores que comparten sede social».
