La delegada del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, ha expuesto este martes en la comisión correspondiente la política de vivienda que se lleva a cabo a través de la EMVS (Empresa Municipal de Vivienda y Suelo) en respuesta al Grupo Popular (PP) que la ha interpelado sobre la escasez de vivienda pública en alquiler en la ciudad.

Higueras ha explicado que el Ayuntamiento de Madrid “tiene reducidas sus competencias de intervención para frenar la burbuja del alquiler en la ciudad, ya que las mismas fueron recortadas en la ley de estabilidad presupuestaria”. También ha subrayado que las competencias “exclusivas y plenas” en vivienda corresponden a la Comunidad de Madrid, y ha reprochado al Gobierno regional que “durante los 20 años que han gobernado en la ciudad no hayan tenido tiempo para legislar en materia de vivienda”.

Asimismo, ha enfatizado que el Consistorio ha construido 1.198 viviendas “frente a la falta de inactividad de la Agencia de la Vivienda Social del gobierno regional”. Y ha apuntado al gobierno del PP como el responsable de las “subidas indecentes” de los alquileres en la ciudad, “por modificar la ley de arrendamientos urbanos, que ha generado indefensión a los inquilinos, y por eliminar la indexación al IPC”.

Ante esta situación, Higueras ha confirmado que se han atendido durante su gestión 4.000 casos y se han concedido 2.153 ayudas económicas en 2016 y 2.387 en 2017 para pagar el alquiler de casas. También ha añadido que se han habilitado 4.206 plazas al día en alojamientos habitacionales. Y que las personas con ingresos inferiores a 514 euros al mes, han sido inscritas en las listas para acceder a una vivienda social.

“Hasta que llegó Ahora Madrid la vivienda pública era para quién podía pagársela  no para quién no podía acceder al mercado libre”, ha enfatizado en su comparecencia. “Esta política ha supuesto un importe de 78 millones de euros para el Ayuntamiento de Madrid a los que hay que añadir otros 18 millones en concepto de IVA al cambiar el uso de más de 2.500 viviendas del régimen de venta al de alquiler”.

Además, otro millón de euros anuales se destinan al programa de acompañamiento e integración socio comunitaria. Asimismo, el área que dirige Higueras dispone de 200 viviendas solidarias;  20 para atención integral de mujeres por violencia de género; 100 para construyendo hogar (otras 69 ya están en marcha y 75 entrarán en funcionamiento en el 2020) y 21 casas para refugiados.

Ante esta situación, la delegada del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, se ha comprometido a mantener “la vía penal y contable” para defender la “defensa de la vivienda pública y el acceso a la misma a un precio asequible” para la ciudadanía.