“La judicialización constante de lo público por casos de corrupción nos obliga a reconocer que no ha habido un buen control”, ha señalado la alcaldesa.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, han presentado hoy el nuevo modelo de control interno del Ayuntamiento de Madrid. Ha sido en el transcurso de una jornada a la que han asistido también Manuel Rodriguez Martinez, interventor general de la Seguridad Social; Mercedes Vega Garcia, subdirectora general de Estudios y Coordinación de la Intervención General de la Administración del Estado; Jesús Lizcano Alvarez, presidente de Transparencia internacional; Carlos Granados Perez, director de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid, y María José Monzón Mayo, interventora del Ayuntamiento de Madrid.
La sesión se enmarca, según los convocantes, en «la apuesta del Gobierno municipal de potenciar la función interventora para lograr un control económico-presupuestario del máximo nivel». En este sentido, tanto Carmena como García Castaño han subrayado «el compromiso del Ayuntamiento a que el dinero se gaste de la forma más eficiente y transparente posible para prestar así el mejor servicio público a toda la ciudadanía».
“Por un lado, la judicialización constante de lo público con ocasión de los grandes o pequeños casos por corrupción y, por otra parte, la desmoralización social que esto crea en la ciudadanía nos obliga a reconocer que no ha habido un buen control”, ha señalado la alcaldesa al abrir la sesión. Más tarde se ha referido a la “laxitud que permitió, por ejemplo, que la anterior Corporación vendiera casi 2.000 viviendas públicas, lo que ha dado lugar a un proceso que está en el Tribunal de Cuentas junto a otros procesos en la jurisdicción penal».
La implantación de este nuevo modelo en el Ayuntamiento obedece a la publicación del real decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local. Así, la Intervención General se responsabiliza de la definición y diseño del modelo, a la vez que los órganos de Gobierno municipales adquieren la obligación de habilitar los medios necesarios y suficientes para su viabilidad.
«Consciente de la importancia de este control financiero, desde el Ejecutivo municipal se ha apostado por reforzar las funciones, homogeneizar los procedimientos y garantizar la mayor profesionalidad, eficacia y transparencia de los cometidos de la Intervención General del Ayuntamiento», ha explicado.
El objetivo, según ha señalado la alcaldesa, es «implantar un sistema integral de control interno en el Ayuntamiento y en todos sus entes dependientes que garantice el cumplimiento de los principios de legalidad, economía y eficiencia en la gestión pública. Eso lleva a reformular el actual control financiero municipal para su transformación en auditoría continuada, lo que conllevará un impacto inmediato de sus conclusiones en la gestión pública».
