La Comunidad de Madrid notificó en 2017 un total de 120 alertas de productos peligrosos de consumo, lo que supone el 20,5 % del total de España. La mayor parte de las alertas correspondió a juguetes (32,5 %), seguido por material eléctrico (20 %) y vehículos y accesorios (15,8 %). En cuanto al tipo de riesgo, la mayoría han sido por asfixia (30 %), riesgo de choque eléctrico (27,5 %) y lesiones y caídas (17,5 %).
Se ha multiplicado por diez la cantidad de productos peligrosos de consumo o inseguros no alimentarios retirados del mercado en 2017 respecto al año anterior, hasta alcanzar las 380.137 unidades, frente a las casi 36.000 unidades retiradas en 2016. Del total de productos retirados, el 26,94 % (102.422) han sido destruidos y el 73,05 % (277.715) han sido devueltos a origen.
El viceconsejero de Economía y Competitividad, Javier Ruiz, ha asistido a la destrucción de casi 5.500 productos no aptos para el consumo por diversos riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores que se ha llevado a cabo en el Punto Limpio del municipio de Boadilla del Monte. En concreto, se han destruido 1.215 juguetes, 2.100 disfraces y 2.120 adornos y guirnaldas.
La totalidad de los productos destruidos están en alerta de consumo. Estos productos se han eliminado tras ser rechazados por los informes técnicos con los que trabaja la Dirección General de Comercio y Consumo, con el objetivo de garantizar la seguridad de los consumidores. Asimismo, se ha procedido a su eliminación al no tener Consumo garantías suficientes de que el responsable de la distribución los vaya a devolver a origen o de que vaya a destruirlos.
El viceconsejero ha valorado «positivamente la labor de inspección que desarrolla la Comunidad de Madrid para garantizar la seguridad de los consumidores» y ha destacado que en 2017 el Gobierno regional duplicó el número de inspecciones de consumo hasta llegar a las 2.000, “lo que supone una buena prueba de que los madrileños cuentan con uno de los mejores sistemas de protección de toda Europa para contribuir a la seguridad y defensa de su salud”.
“Como muestra de la responsabilidad en la protección del consumidor de los establecimientos regionales, cabe destacar que el 99 % de los productos de los que se producen alertas ni siquiera llega al consumidor”, ha señalado Javier Ruiz.
