La portavoz socialista de Políticas Integrales de la Discapacidad denuncia que la Consejería «hace dejación de funciones obligando a las familias que requieren Atención Temprana a acudir a la iniciativa privada».
La Asamblea de Madrid ha aprobado una Proposición No de Ley (PNL) socialista por la que se insta al Gobierno de la Comunidad a que reclame al Estado 572 millones que le adeuda por financiación autonómica, según cuantía estimada y comunicada por el Ejecutivo regional en julio del pasado año 2017.
La portavoz socialista de Economía, Reyes Maroto, que defendió la iniciativa, afeó al Gobierno que «no hubiera reclamado con determinación las cantidades adeudadas y apuntó que no disponer de esos recursos podría paralizar inversiones y retrasos en pagos a proveedores. Estamos asistiendo a la intromisión constante del Gobierno de España en la gestión diaria de las administraciones regionales y locales, una intromisión que también afecta a la Comunidad de Madrid.
Maroto ha explicado que «empezábamos el año con el anuncio del ministro de Hacienda de la congelación de las entregas a cuenta procedentes del Sistema de Financiación Autonómica, una decisión que supone para la Comunidad dejar de percibir casi 600 millones para financiar servicios esenciales como la educación, la sanidad y las políticas sociales, lo que va a provocar retrasos en los pagos a proveedores y dificultades para poder ejecutar el presupuesto conforme a lo previsto”.
Maroto señaló que “el Grupo Parlamentario Socialista ha tomado la iniciativa ante la pasividad de este Gobierno y hemos pedido en el Congreso de los Diputados y en los parlamentos autonómicos, hoy lo estamos haciendo aquí, que el Ejecutivo de la nación adopte cuantas medidas sean necesarias para proceder, de forma inmediata, a efectuar las entregas a cuenta de los recursos que se adeudan y reconocen a la Comunidad de Madrid”. La PNL se aprobó con los votos a favor de todos los grupos y la abstención del Grupo Popular.
Atención Temprana
Por su parte, la portavoz de Políticas Integrales de la Discapacidad, Mónica Silvana González, interpeló al Gobierno acerca de la política general que implementa en Atención Temprana. González denunció en su intervención que la Consejería «hace dejación de funciones, obligando a las familias con problemas a acudir a la iniciativa privada».
“Los socialistas hemos pedido la comparecencia del reprobado consejero de Políticas Sociales ante múltiples deficiencias en su área, entre ellas, las listas de espera para la valoración y la prestación del Servicio de Atención Temprana para niños de 0 a 6 años con necesidades especiales. Denunciamos que desde la Consejería se promueve un negocio de la discapacidad, obligando a las familias a resolver las necesidades en el sector privado”. La diputada socialista lamentó también que “ninguna de las nuevas plazas creadas para Atención Primaria sean plazas públicas”.
Nuevas estaciones, nuevos tramos
Asimismo, el portavoz de Transportes, Daniel Vicente Viondi, en la Moción sobre política general del Gobierno sobre colaboración con el Ministerio de Fomento en materia de trasporte público, defendió una batería de medidas para mejorar la red pública de transporte en la Comunidad.
La iniciativa recoge, entre otras cosas, un compromiso de Inversión en Infraestructuras de 2.500 millones para el periodo 2018-2027, con la construcción de nuevas estaciones y de nuevos tramos de la red de Cercanías. Contempla además, implantar una serie de medidas, antes de 60 días, que minimicen la caída del nivel del servicio de Cercanías, así como, el rediseño y mejora de las conexiones de los municipios que no disponen de estación de Cercanías ampliando la red de autobuses, con el refuerzo en horas punta de todas las líneas de interurbanos, con origen o destino Madrid; y el refuerzo de Metro de Madrid en horario de máxima afluencia. La moción salió adelante, tras ser transaccionada con los Grupos Parlamentario de Podemos y Ciudadanos.
