CSIT-Unión Profesional no firmó el Acuerdo para la Mejora de las Infraestructuras Judiciales planteado por la Administración de la Comunidad de Madrid en la reunión de la Mesa del Pacto por la Justicia, celebrada este lunes, 29 de enero.
«La concentración de sedes judiciales no soluciona los problemas de funcionamiento en la Administración de Justicia para ofrecer un mejor servicio público a la ciudadanía», ha denunciado el sindicato CSIT-Unión Profesional, por lo que han exigido «soluciones reales para solventar las necesidades existentes».
CSIT no firmó el Acuerdo para la Mejora de las Infraestructuras Judiciales planteado por la Administración de la Comunidad de Madrid en la reunión de la Mesa del Pacto por la Justicia, celebrada este lunes, 29 de enero, puesto que «las medidas contenidas en el mismo son insuficientes para solucionar los problemas de la Justicia madrileña».
«La medida adoptada de manera unilateral por este Gobierno autonómico, a fin de poner fin a los problemas existentes en la Administración de Justicia madrileña, es totalmente insuficiente», critican. CSIT sostiene que «la agrupación de sedes judiciales, necesaria, sin duda, para profesionales y ciudadanos, se pretende llevar a cabo sin un diseño y organización previo, además de sin el consenso de los representantes de los trabajadores. Alrededor de 400 empleados públicos se verían afectados por los cambios de sede, imposibilitándoles la conciliación de su vida laboral y familiar».
Asimismo, la Administración «no contempla medidas compensatorias para los trabajadores afectados por los traslados». Por ello, esta Organización Sindical, «a sabiendas del incremento de costes (tanto económicos como de tiempo) que supone el traslado del centro de trabajo de un extremo a otro en una ciudad como Madrid, reclama que esta alteración de la vida laboral del trabajador vaya acompañada de una serie de compensaciones como ayudas al transporte (abono), garantía real de movilidad mediante concurso de traslados o comisiones de servicio».
Para el sindicato, «los empleados públicos de la Administración de Justicia vienen supliendo con su esfuerzo, tiempo y pericia, haciendo uso de un gran sentido de la responsabilidad, las carencias existentes, al objeto de que éstas no repercutan en la confianza que el ciudadano les tiene depositado. Aunque la Administración “reconoce” que el colapso actual en el que se encuentra la Justicia madrileña es consecuencia, en parte, del déficit de inversión, ésta, un año más, continúa realizando su propia planificación con los Presupuestos para 2018, sin aceptar las propuestas de los sindicatos».
«Hasta el momento, las soluciones temporales adoptadas no han resultado ser ni fructíferas ni definitivas», por lo que desde CSIT «demandamos soluciones reales que vengan a paliar las necesidades en la Administración de Justicia»:
– Las plantillas siguen incompletas y la reposición de los puestos vacantes no se ha realizado en su totalidad. Además, las sustituciones por bajas y traslados, entre otros, tardan cerca de un mes, acumulándose el trabajo para el funcionario que ha de ocupar el puesto y afrontar el retraso, ahorrándose la Administración un salario.
– Los medios informáticos están obsoletos: las redes se caen y bloquean constantemente, lo que supone una mayor carga para los trabajadores y un retraso para el ciudadano.
– El mobiliario no se repone ni es adecuado para el trabajo que se realiza. Hay sillas rotas (no ergonómicas), monitores con dimensiones que no se ajustan a las mesas, armarios insuficientes y en un estado lamentable, etc.
