Esta mañana, representantes de la FRAVM, la Coordinadora de Vivienda de Madrid y la Asociación Libre de Abogados, promotores de la ILP de vivienda, han entregado en la Asamblea de Madrid una carta a todos y cada uno de los diputados y diputadas en la que solicitan “su apoyo para la toma en consideración de esta Iniciativa Legislativa Popular que desemboque rápidamente en la aprobación de una Ley que garantice el acceso a una vivienda digna para todos los sectores de la población”.
Lo han hecho en el momento en que daba comienzo en la cámara la primera sesión del Debate sobre el Estado de la Región con objeto de que los problemas de vivienda que padece la comunidad autónoma «estuvieran muy presentes». Fuera, una treintena de personas procedentes de las tres organizaciones se ha concentrado con pancartas y carteles contra los desahucios y por el derecho a una vivienda digna y asequible.
En la misiva la Coordinadora de Vivienda (formada por las PAH y los grupos de vivienda del 15M), ALA y la FRAVM recuerdan a los representantes políticos que el pasado 4 de julio, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas emitió un dictamen de condena contra el Estado español por la vulneración del Derecho a la Vivienda de una familia madrileña, ya que fue desalojada tras la extinción de un contrato de alquiler sin que los poderes públicos facilitasen alternativa habitacional alguna.
El dictamen, en la línea de la ILP de los colectivos sociales, recoge una serie de recomendaciones que pasan porque todas las instituciones con competencias en materia de vivienda realicen los cambios necesarios a fin de proteger este derecho humano como parte del derecho a un nivel de vida adecuado.
La ILP nace para «prohibir que cualquier madrileño o madrileña se quede en la calle sin alternativa habitacional y sin suministros básicos, blindando la vivienda pública y castigando los usos antisociales de la vivienda que hacen los grandes tenedores».
Además de casi 77.000 firmas de ciudadanos, diversas juntas de distrito de Madrid y ayuntamientos como Aranjuez, Parla, Valdemoro, San Fernando de Henares, Leganés y Móstoles, entre otros, ya han aprobado mociones de apoyo a la iniciativa ciudadana.
