El presidente de CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, Juan Pablo Lázaro, en su intervención en la Junta Directiva, a la que ha asistido la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha resaltado «la valentía del Gobierno al poner en marcha la reforma laboral de 2012, que articuló las bases sobre las que se ha asentado el crecimiento del empleo en cuanto ha comenzado el incremento del PIB».
El presidente de los Empresarios de Madrid ha defendido que «la reforma introdujo flexibilidad en las relaciones laborales, principalmente, en relación a la reducción o suspensión de jornada. Otorgó al empresario más libertad en la negociación colectiva, lo que ha permitido adaptar las condiciones de trabajo a la realidad de cada compañía. Y fomentó la utilización del contrato a tiempo parcial, que acerca su cifra a la media europea».
Por ello, Juan Pablo Lázaro apuntó «la necesidad de seguir avanzando en la senda reformista porque habremos superado la crisis cuando hayamos alcanzado los niveles de los países más avanzados de la UE”, recalcó el presidente de CEIM.
En este sentido, recordó el Plan 400.000 Empleos de CEIM, «que bajo la premisa de políticas fiscales y laborales que no penalicen el ahorro, el consumo y la inversión, e incentiven la creación de empleo», propone una serie de medidas, entre las que ha resaltado:
- Mejorar el funcionamiento de los Servicios Públicos de Empleo y la colaboración privada, compaginando flexibilidad en el puesto de trabajo, a través de competencias y habilidades demandadas, y seguridad en el mundo del empleo.
- Gestionar mejor el absentismo, posibilitando que las Mutuas puedan dar el alta a efectos económicos.
- Facilitar que en los convenios colectivos se introduzcan incrementos salariales referenciados a la productividad real y a los resultados de las empresas.
- Una rebaja generalizada de cotizaciones sociales, ya que éstas lastran claramente el empleo.
Finalmente, el presidente de CEIM, Juan Pablo Lázaro, ha trasladado a Fátima Báñez «la necesidad de generar un entorno laboral, en el marco del diálogo social, que apueste por la competitividad y la productividad de las empresas, con medidas que permitan la adaptación a la nueva realidad empresarial protagonizada por la globalización y la digitalización; la eliminación de incertidumbres interpretativas; un mecanismo de choque ante el desempleo juvenil, que podría ser un contrato específico de inserción laboral; y la eliminación del blindaje de hecho de la reducción de jornada, evitando su prolongación más allá de tres años –como ocurre en el restos de los países europeos-, pidiéndole a este respecto políticas sociales más intensas que apoyen la conciliación familiar y laboral».
