El Gobierno de Cristina Cifuentes ha acordado solicitar a la Asamblea de Madrid la tramitación por urgencia del proyecto de ley que permitirá a los madrileños que residan en las viviendas de la Agencia de Vivienda Social quedar exentos del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Esta decisión supondrá que la Comunidad de Madrid asumirá ese coste, equivalente al 100% de la cuantía repercutida a esta vivienda, lo que supondrá un coste aproximado para la Administración regional de 6,5 millones de euros.
En el ejercicio 2016 se ha abonado un importe de 6,5 millones de euros, de los cuales 4,5 corresponden al IBI de Madrid capital y casi 2 millones de euros al resto de municipios de la región.
Además, el consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, ha anunciado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que la Comunidad de Madrid va a llevar a cabo un plan de choque para la mejora de las infraestructuras judiciales que arranca con una subida del 30 por ciento del presupuesto para esta partida.
Los objetivos del Gobierno en materia de Justicia son «Justicia gratuita y hacer frente a la necesidad de personal ante las vacantes en la plantilla de la administración. Este año se han contratado cerca de 800 interinos y se ha incrementado un 18% el presupuesto para infraestructuras judiciales” ha afirmado el consejero.
