El Juzgado número 7 Contencioso Administrativo ha dado la razón al Ayuntamiento de Madrid al rechazar la solicitud de suspensión cautelar de la resolución de cese de la anterior Interventora General. La Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid aprobó la destitución de la hasta entonces Interventora el pasado 23 de junio, que recurrió dicha decisión.
El auto deniega “la solicitud de medida cautelar de suspensión de la ejecución de la resolución administrativa recurrida interesada por la representación procesal de la demandante”.
La provisión para ocupar un puesto de un órgano directivo y de una plaza de libre designación está dentro del margen de autonomía que se permite en la cobertura de este tipo de plazas y el ejercicio de esta potestad está atribuida al Ayuntamiento de Madrid, de acuerdo a la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local y a la Ley de Capitalidad y de Régimen Especial de la ciudad de Madrid.
En este marco legal, detalla el auto, la demandante fue cesada en su puesto al entender el Ayuntamiento de Madrid que, para la adecuada defensa y mejor ejercicio de los intereses generales, era necesario un cambio en la forma de ejercer el control previo de los actos de contenido económico, tanto en el ámbito del Ayuntamiento como de sus Organismos Autónomos y sus empresas dependientes.
De hecho, el Gobierno municipal enmarcó el cambio de este puesto de libre designación dentro del proceso de mejora de los canales de control administrativo de los contratos, desligándolo de una decisión política.
Contra esta resolución del juzgado número 7 contencioso administrativo cabe interponer recurso de apelación en un efecto en el término de quince días ante este Juzgado y ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La Interventora General fue nombrada por un procedimiento de libre designación por el anterior Gobierno municipal mediante Acuerdo de 18 de septiembre de 2008. Para su cese era necesario un informe previo del Ministerio de Economía y Hacienda, que fue solicitado en tiempo y forma por el Ayuntamiento de Madrid. Una vez expedido dicho documento y cumplimentados los trámites legales correspondientes en este proceso, el Consistorio procedió a dicho cese.
El pasado septiembre fue nombrada una nueva Interventora General por la Junta de Gobierno, el órgano que ostenta la competencia para la elección de este cargo de libre designación.
