El portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha destacado hoy que “el PP aplica código ético en la Comunidad de Madrid a todos sus diputados autonómicos, los responsables de la Gestora regional del partido, y desde la semana pasada a todos los altos cargos del Gobierno que preside Cristina Cifuentes”, pero ha señalado que “no se puede aplicar a los alcaldes, ya que es otro nivel distinto de la Administración que tiene autonomía para decidir sobre estas cuestiones”.
Así se ha referido el portavoz popular ante la posibilidad que tomar medidas contra el antiguo alcalde de Colmenar Viejo (del PP) y varios de sus concejales, a los cuales se les ha abierto juicio oral por un presunto delito de prevaricación administrativa. En este sentido, Enrique Ossorio, ha explicado que “la prevaricación se refiere a decisiones administrativas incorrectas que se han adoptado, según se les acusa en el auto del Juez, en algunos asuntos urbanísticos que nada tienen que ver con corrupción”.
Ossorio ha recordado que la presidenta Cristina Cifuentes ha impulsado varios códigos éticos, “cuya redacción es común para todos ellos, en los que habla de dimisión de las personas afectadas por supuestos delitos de corrupción o que por su especial gravedad generan alarma social, y no estamos hablando en este caso de este supuesto”, ha aclarado el portavoz del PP.
Rechazo al Informe del Campus de la Justicia
Respecto al informe que se ha elaborado en la Comisión de Estudio de Endeudamiento sobre el Campus de la Justicia, Ossorio ha manifestado que “no estamos de acuerdo con el documento que el PSOE y Podemos quieren elevar a la fiscalía, no hay delitos, son consideraciones generales sobre la oportunidad del Campus de la Justicia”. “Se está mirando con ojos posteriores a la crisis, actuaciones que se hicieron hace muchos años en una situación económica muy distinta a la actual”, ha afirmado Enrique Ossorio. “Hay temas administrativos y gastos que no consideraban procedentes, pero se han justificado los famosos 100 millones con la construcción del edificio que está allí y todas las instalaciones e infraestructuras que se acometieron”, ha aseverado el portavoz del GPP.
Por su parte, el portavoz del PP en esta Comisión, Juan Antonio Gómez-Angulo, ha recordado que “el único órgano que ha llevado un escrito a la fiscalía ha sido el Gobierno de la Comunidad tras la aprobación en el Consejo de Administración del Canal de Isabel II, sobre una inversión realizada por una empresa filial suya en Hispanoamérica, “el resto de apreciaciones son cosas de los grupos de la oposición que se pierden en el chau chau…”, ha señalado Gómez-Angulo.
En este sentido, el diputado del PP ha explicado que “remitir el escrito a la fiscalía es complejo, no se pueden emitir resoluciones parciales por parte de la Comisión de estudio, es necesario someterlo a votación en el Pleno y decidir si finalmente se envía a la Fiscalía. A título particular –ha añadido-, “cada uno puede enviar lo que considere oportuno a la fiscalía o denunciarlo en un juzgado de guardia”.
En cualquier caso –ha afirmado Gómez-Angulo- estudiarán el informe que ha elaborado la diputada del PSOE, Mercedes Gallizo, y en función de eso se pedirán aclaraciones o incluso la posibilidad de alguna otra comparecencia “que consideramos oportuna y que si lo autoriza el portavoz de mi grupo, pediremos la de Isabelino Frutos”, ha concluido el diputado popular.
