La historia de la Abadía del Valle de los Caídos ha cambiado por un auto judicial contra el que ya no cabe recurso. El juzgado de primera instancia de San Lorenzo de El Escorial ha reconocido el derecho de los familiares de dos víctimas de la dictadura a extraer sus restos que yacen en un columbario de la cripta principal.
En su auto, el juez José Manuel Delgado fija que esas dos víctimas del golpe de estado del 18 de julio fueron fusiladas extrajudicialmente -no existe sentencia de muerte ni proceso en ningún lado- e inhumadas en una fosa común de la localidad aragonesa de Calatayud.
Esos dos cadáveres, los hermanos Lapeña Altabás, fueron trasladados también ilegalmente desde ese municipio hasta el templo de Cuelgamuros por orden del régimen de Franco en la década de los 50 del siglo XX. La dictadura apuntaba y archivaba todo.
Las familias de los represaliados transmitían a sus hijos y nietos el lugar, la hora y los nombres de los asesinados. Y esos archivos junto al secreto familiar han llevado al hallazgo del lugar exacto donde reposan los restos de estos dos hermanos.
Se trata del columbario que permanece cerrado bajo llave situado en la zona noroeste de la capilla central del templo. Allí junto a otros 80 cuerpos se hallan los restos de Antonio y Manuel Altabás.
El juez fija también que, después de la verificación forense de las identidades, el registro civil modifique las causas del fallecimiento para que «se restablezca la dignidad, reputación y los derechos de la víctima«.
Ahora Patrimonio Nacional, organismo del que depende el Valle de los Caídos, deberá facilitar a los forenses la apertura de ese columbario así como los análisis que sea necesario realizar.
Por primera vez en la historia de España, de las 33.000 víctimas que hay enterradas en ese templo benedictino, se van a conocer dos nuevas identidades, las de estos hermanos. Ya hay más nombres de fallecidos que los de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera.
Fuente: Radio Madrid
