Aunque entiende que el Ayuntamiento está aplicando las cuotas dentro de la más estricta legalidad, Pérez Boga entiende que sería conveniente adelantar la aprobación de la normativa que regula esta tasa, fundamentalmente porque las modificaciones aplicadas por el Partido Popular –y que supusieron en algunos casos que se triplicasen las cuantías- han sido anuladas por sucesivos tribunales de justicia. Actualmente queda pendiente el fallo definitivo del Tribunal Supremo, aunque es previsible –revisados los argumentos jurídicos- que el alto tribunal también anule las subidas desmesuradas anteriores.
“Es cierto que el Equipo de Gobierno está cumpliendo escrupulosamente la legislación al exigir el pago de esta Tasa en 2016, bajo la ordenanza que ha sido anulada en primera instancia, pues la sentencia todavía no es firme, y no lo será hasta que recaiga sentencia del supremo, lo cual puede demorarse varios años”, ha aclarado el concejal socialista, “pero también es cierto que estas dos consideraciones provocan dos consecuencias serias: que se esté cobrando una tasa nula y obligando a los madrileños a pagar de más.”
Pérez Boga ha añadido que cuando el Supremo confirme la norma, no se devolverá nada a los madrileños que la hayan pagado si no la han recurrido: “El hecho de que el recurso suponga un desembolso en abogados y procuradores y que las cuantías no son tan elevadas como para compensar la acción judicial, genera una situación de injusticia, que se acentúa para aquellas familias de bajos recursos que no puedan dedicar parte de su dinero a la asistencia jurídica”, ha precisado el edil.
Ante esta situación, ¿qué propone el PSOE?: iniciar el procedimiento de elaboración y aprobación de una nueva ordenanza fiscal que regule los pasos de vehículos y que entre en vigor el 1 de enero de 2017. La proposición del PSOE también defiende que la redacción de la nueva tasa se realice por la Agencia Tributaria de Madrid, “desechando los criterios que han sido anulados o puestos en duda por los tribunales de justicia y adoptando los específicamente aceptados por la sentencia del TSJ de Madrid”.
¿Cuáles son los criterios recomendables que ha recoge la propuesta del PSOE? De forma muy concisa, consisten en aplicar una tarifa base, calculada de forma objetiva y considerando en todo caso el valor medio del aprovechamiento vinculado a valores catastrales de suelos del dominio público; establecer distintos coeficientes de valoración que puedan ser objeto de adaptación anual a los cambiantes valores catastrales, y no un genérico 4% aplicable arbitrariamente y para siempre, así como coeficientes de intensidad; tener en cuenta la situación del vado en función de la categoría fiscal de las calles y distinguir entre usos residenciales de los que no lo son, entre otros puntos.
“Se debería moderar el importe final de la tasa en función de la capacidad económica del propietario de la plaza de la manera que se estime más adecuado al principio de justicia, ya sea mediante la determinación de coeficientes correctores, o modulando el importe de la tasa con el diferente valor catastral de cada edificación, o aquel otro que se considere”, ha terminado Ransés Pérez Boga.
