El sindicato ha solicitado por escrito al Gobierno regional que expulse de forma fulminante a AUSBANC del Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid e inicie un proceso de revisión de los criterios para la participación institucional en las entidades públicas de la Administración madrileña
Del Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid, órgano consultivo para la defensa, tutela y promoción de los derechos de los consumidores, forma parte CCOO de Madrid, que ha solicitado por escrito al Gobierno regional que expulse del mismo y de forma fulminante a AUSBANC, cuyo presidente, Luis Pineda, ha sido enviado a prisión incondicional por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, acusado de extorsión, fraude en las subvenciones, estafa, amenazas, administración desleal y pertenencia a banda criminal.
Junto al presidente de AUSBANC han sido detenidos una decena de estrechos colaboradores, entre los que se encuentra su propia esposa, María Teresa Cuadrado Díaz, precisamente la persona que representa a esta organización en el Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid.
El sindicato pide la aplicación del artículo 26, apartados d y e de la Ley 11/1998, que regula el funcionamiento de este órgano y que contempla respectivamente la pérdida del derecho de las asociaciones a participar en los consejos de carácter consultivo en casos de que “se dediquen a actividades distintas de la defensa de los intereses de los consumidores, excepto en el supuesto de cooperativas de consumidores” y en caso de «manifiesta temeridad, judicialmente apreciada».
Asimismo el sindicato ya ha planteado la necesidad de abordar la negociación para revisar el marco de participación institucional en las entidades públicas de la Comunidad de Madrid y revisar los criterios para la elección de las organizaciones, asociaciones, etc., que participan en estos ámbitos.
Se trata, señala CCOO, de terminar de una vez por todas con la herencia del «aguirrismo», etapa en la que se han colocado a organizaciones y asociaciones «amigas», de proximidad ideológica, pero de escasa o nula representatividad, para facilitar su acceso a determinadas subvenciones públicas.
