El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto juzgar al exconsejero madrileño y ex ‘número dos’ del PP de Madrid, Francisco Granados, y a otras 42 personas en la pieza 8 del caso Púnica por las supuestas irregularidades entre 2003 y 2011 en las adjudicaciones de suelo público en la Comunidad de Madrid a través de la empresa regional Arpegio y en las infraestructuras de la entidad de Infraestructuras del Transporte de Madrid (Mintra).
El magistrado ha dictado el auto de pase a procedimiento abreviado en la pieza 8 de Púnica en la que se ha investigado las irregularidades de Francisco Granados durante su gestión como consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid y, posteriormente como consejero de Presidencia, Justicia e Interior, bajo el gobierno de Esperanza Aguirre (PP) .
En su resolución, de 146 páginas, el titular del Juzgado Central de Instrucción Seis considera que los hechos son constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de Influencias, malversación, fraudes y falsedad documental.
Además del exconsejero, el instructor propone juzgar a varios empresarios, entre ellos el constructor David M. y al empresario Javier López Madrid y archiva la causa para cuatro investigados, entre ellos el también empresario José Luis U.
Adjudicación de contratos de construcción de infraestructuras de metro y metro ligero
El juez detalla en su auto la operativa utilizada por los investigados para desviar fondos públicos de la Consejería de Transportes a través de Mintra a favor de la trama. “Con arreglo a la dinámica planeada, se entregaba a los funcionarios investigados, encargados de la redacción de los pliegos técnicos, no solo la potestad de la fijación del precio, plazo del contrato, selección de los criterios de valoración y posterior valoración de las ofertas, que de entrada aseguraba la elección del adjudicatario, sino también el mando para incrementar el precio de salida y adjudicación del contrato e, incluso, el plazo de finalización, a través de la justificación dada para adjudicar contratos modificados y complementarios”, explica.
Entre las obras investigadas se encuentran en Metro Sur el tramo 1C, en Metro Norte el tramo 1A y en el Metro Ligero la nueva línea a Boadilla.
Francisco G., consejero de Presidencia, Justicia e Interior
El auto explica que la presidenta Esperanza Aguirre destituyó del cargo de consejero de Transportes a Francisco G., atendiendo la petición realizada por alguno de los proveedores de aquella Consejería, pero, al mismo tiempo, le ofreció a dicho investigado presidir la secretaría general del Partido Popular de la Comunidad de Madrid.
En la nueva organización efectuada con su cambio, dice el juez, asumió nuevas funciones puesto que se asignó a la Consejería de Presidencia la empresa pública gestora del suelo de la CAM, Arpegio Áreas de gestión empresarial S.A. (Arpegio), integrada hasta ese momento en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. También se encomendaron a la empresa pública Arpegio la administración de parte de los Fondos Prisma, y se constituyó la Fundación Arpegio. De esta forma, señala el auto, volvía a tener dicho investigado bajo su gestión un considerable patrimonio, la decisión última en la adjudicación de contratos para la construcción de obra civil y la actividad urbanística/inmobiliaria.
Así, el control de todo el proceso de adjudicación se confirió por decisión de nuevo del Gobierno de la CAM, que estaba al dictado de Francisco Granados, a la empresa pública Arpegio y, de esta forma, de nuevo quedo bajo el control de dicho investigado la adjudicación de parcelas de la Comunidad de Madrid para la construcción de viviendas libres y de vivienda protegida, y bajo su supervisión la adjudicación de parcelas de los Ayuntamientos que formaban parte de cada Consorcio.
Promociones de suelo por urbanización directa
El juez afirma que el exconsejero supuestamente se concertó con el constructor David M., a fin de adjudicar a alguna de las sociedades de éste, parcelas públicas de una de las promociones más importantes que iba a desarrollar la empresa pública, el proyecto ‘Ciudad Jardín’ de Arroyomolinos. En este proyecto la entidad Arpegio iba a llevar a cabo una promoción con más de 3.950 viviendas de las que, una cantidad superior al 50%, iban a tener algún grado de protección.
En este caso, dice el magistrado, los contratos de compraventa entre Arpegio y una de las empresas de David M., Aranan, se firmaron antes de que el Consejo de Administración de Arpegio resolviese la adjudicación en favor de aquella sociedad.
Entrega de cestas de Navidad para amigos del exconsejero y de su mujer
La resolución apunta que tanto Francisco G. como su mujer, María N.A., utilizaron fondos públicos a través de Arpegio para agasajar, con motivo de las celebraciones navideñas, a personas de su círculo íntimo de confianza y a otros conocidos del matrimonio como compañeros de trabajo, profesores de las hijas o profesionales de la medicina de los que habrían recibido algún tipo de atención médica. A todos ellos la investigada les hizo llegar desde Arpegio una cesta de navidad en las festividades navideñas de los años 2006 y 2007.
Todos esos gastos por “obsequios de navidad” que tendrían que haber sido abonado por los investigados Francisco G. y su mujer, por tratarse de un gasto personal del matrimonio, se desviaron de las arcas públicas de Arpegio la cantidad total de 100.139,17 euros, indica el magistrado.
Un millón de euros en el altillo
El instructor también detalla los regalos efectuados de forma continuada por David M. a Francisco G. durante el tiempo en que este ostentaba un cargo público, entre 2004 y 2011 a modo de comisiones en especie. Entre ellos, un piso en Barcelona, billetes a Ibiza, hoteles de lujo, cruceros, cacerías, relojes y un maletín con casi un millón de euros encontrado en el altillo de la casa de sus suegros.
