abril 2025

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado una inversión de 92,8 millones de euros en el nuevo Acuerdo Marco para el acogimiento residencial en hogares de niños y adolescentes de 0 a 18 años con medida de protección y bajo tutela de la Administración regional.

El documento permitirá el mantenimiento de 354 plazas en diferentes recursos durante los próximos cuatro años. Estos hogares están estructurados en unidades más pequeñas que facilitan la convivencia familiar.

La inversión de la Comunidad de Madrid fija las condiciones en las que los adjudicatarios deben prestar el servicio en ese tramo de edad. Este amplio margen de los jóvenes posibilita que los hermanos puedan vivir en un mismo centro.

Con el Acuerdo Marco, los adjudicatarios deberán proporcionar las condiciones adecuadas para dar cobertura a las necesidades de los jóvenes, incluir programas que garanticen la permanencia en el mismo centro y que se encuentren próximos a otros recursos sociales, de ocio, sanitarios, deportivos o educativos.

El acogimiento residencial siempre tiene un carácter temporal y los profesionales de la red de atención a menores tutelados trabajan por la integración sociofamiliar, siempre que las circunstancias lo permitan. Por lo tanto, se trata de una alternativa que se activa cuando estos niños y adolescentes no pueden convivir con su familia de origen, por distintos motivos, o bien porque las medidas puestas en marcha para conseguirlo no han tenido éxito.

El 30 de abril se conmemora el Día Internacional de las Víctimas del Amianto, una fecha que pone sobre la mesa una realidad incómoda y a menudo ignorada: la presencia extendida de este material cancerígeno de primer orden en edificios, instalaciones públicas y privadas, e infraestructuras de numerosos municipios de la Comunidad de Madrid y de todo el país.

Aprovechando esta jornada, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), con el apoyo de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), demanda la aprobación de una ley regional para la erradicación del amianto. Para ello, pide al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que «tome la iniciativa y siga el ejemplo del Gobierno catalán, que el pasado mes de diciembre aprobó un proyecto de Ley para la Erradicación del Amianto en Cataluña, una norma que busca crear un único marco normativo para abordar de manera integral el problema y acelerar la retirada de este material nocivo para la salud». El 26 de marzo, el Parlament aprobó la tramitación del proyecto de ley, de tal forma que esperamos que muy pronto Cataluña cuente con una ley pionera en España y en Europa. «Nuestra comunidad podría perfectamente seguir esa estela legislativa», subrayan.

Pese a que su uso, comercialización y producción están prohibidos en España desde 2002, los efectos del amianto «siguen vigentes y su presencia representa un riesgo sanitario dado que el amianto fue ampliamente usado durante épocas por su resistencia al calor, su durabilidad y su bajo coste, siendo una de las principales en la fabricación de fibrocemento (uralita), utilizándose especialmente en la construcción: tejados, bajantes, depósitos de agua, techos, paneles o suelos, entre otros elementos».

Sin embargo, «su aparente beneficio escondía un precio devastador para la salud porque la inhalación de las fibras microscópicas que se desprenden de los materiales con amianto por su deterioro con el paso del tiempo y factores atmosféricos o manipulación se incrustan en los pulmones», pudiendo provocar enfermedades graves como la asbestosis (una fibrosis pulmonar irreversible), el mesotelioma (un tipo agresivo de cáncer que afecta a la pleura o al peritoneo), y diversos tipos de cáncer pulmonar, convirtiéndose de hecho en un “asesino lento y silencioso” que no produce efectos inmediatos, pero por su latencia, su resultado puede tardar entre 20 y 40 años en manifestarse clínicamente.

Los datos son concluyentes: la Unión Europea estima que, hasta 2030, se producirán medio millón de muertes por cáncer debido a la exposición al amianto, o que, en el Reino Unido, con datos contrastados, cada cuatro horas fallece una persona a causa del amianto. En España carecemos de estadísticas rigurosas, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud señala que cada año se registran entre 20.000 y 30.000 casos de enfermedades relacionadas con el amianto y hay más de 107.000 muertes en el mundo cada año producto de su exposición.

La UE ha establecido el año 2032 para la retirada del amianto de los municipios y el 2028 para los edificios y espacios públicos. La española Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular obligaba a los municipios a realizar, antes de 2023, un censo del amianto y un calendario para su retirada, «una obligación que muchos municipios de nuestra región aun no han cumplido».

En la Comunidad de Madrid, la FRAVM, Madrid sin Amianto, la FAPA Giner de los Ríos, CCOO, UGT, la Asociación Víctimas del Amianto y grupos políticos de la oposición pusieron en marcha en el año 2021 una plataforma para impulsar la erradicación del amianto en toda la región, pues la Comunidad de Madrid «no es una excepción, y hoy podemos verlo a simple vista, muchas veces deteriorado (lo que lo hace más peligroso) en centros de trabajo, polígonos, almacenes y escombreras ilegales, pero también en centenares de bloques de viviendas de barrios como San Pascual, Vicálvaro o el Poblado Dirigido de Fuencarral, en Madrid, en Leganés, y en colegios, institutos, polideportivos, hospitales y otros equipamientos públicos en toda la región. A esto hay que añadir la proliferación de vertidos clandestinos de amianto que contaminan el aire y suelos por toda la geografía madrileña».

La plataforma promovió primero una proposición de Ley de Erradicación Segura del Amianto de la Comunidad de Madrid y luego, de forma más específica, una Proposición No de Ley (PNL) para la retirada del amianto de los centros educativos de la región que fue presentada por los grupos de izquierda en noviembre de 2021 en la Asamblea de Madrid. Cuatro meses después, en marzo de 2022, el parlamento regional aprobó esa PNL, que incluye la elaboración de un Plan Director para la Eliminación del Amianto en la Comunidad de Madrid, la realización un inventario de los centros educativos afectados por amianto y la inclusión en los presupuestos autonómicos de partidas suficientes para el desarrollo de estas medidas. La proposición también establece la aprobación de un Plan de Desamiantado «para proceder a la retirada segura del amianto de las instalaciones escolares afectadas en un plazo no superior a dos años». Aunque desde entonces se ha retirado el amianto de algunos centros educativos, «muchos lo conservan aún y la mayoría de los puntos de la PNL siguen sin ejecutarse».

La Comunidad de Madrid ha duplicado en menos de un año los beneficiarios de Mi Primera Vivienda tras los nuevos incentivos de este programa dirigido a jóvenes para facilitarles que accedan a una casa, como la ampliación de la edad máxima a 40 años o del porcentaje avalado hasta el 100%. Así, más de 4.400 se han acogido ya a esta iniciativa del Gobierno autonómico en vigor desde 2022, cuando hace diez meses eran 2.000.

El Consejo de Gobierno, en su reunión de hoy, ha autorizado destinar 25 millones de euros en 2025 a Mi Primera Vivienda, que tiene como objetivo apoyar a los madrileños que, siendo solventes y contando con recursos, no disponen del ahorro necesario para adquirir su primer hogar en las condiciones habituales establecidas en el mercado financiero. De esta forma se mantiene el compromiso del año pasado, cuando ya se incrementó en 7 millones la inversión en relación con 2023. Este aumento, de casi un 40%, se sumó a las otras medidas de refuerzo introducidas para lograr más beneficiaros.

Gracias a este respaldo de Mi Primera Vivienda se han concedido hasta marzo 2.779 hipotecas, de las que 2.496 ya se han formalizado ante notario, superando los 440 millones de euros en préstamos. Más del 60% de estos procesos están formados por dos titulares, lo que significa que amplía notablemente los beneficiarios y que muchos recurren a este programa de la Comunidad de Madrid para iniciar proyectos de familia.

Actualmente, son ocho las entidades bancarias que forman parte de esta iniciativa del Gobierno regional: CaixaBank, IberCaja, Banco Santander, Abanca, ING, Kutxabank, Unicaja y Banco Sabadell.

Aval de hasta el 100% a menores de 40 años 

De esta forma, la Comunidad de Madrid continúa ayudando a los jóvenes madrileños en el proceso de compra de su primer hogar, después de reforzar este programa en julio de 2024, cuando se modificaron los requisitos iniciales con el propósito de adaptarlo a la realidad social y económica.

En este sentido, se amplió el límite de edad, de los 35 a los 40, y se incrementó el porcentaje avalado -del 95% hasta el 100% del valor de la vivienda-. Otro de los avances está dirigido a las familias numerosas, monoparentales, y a cualquier persona por nacimiento o adopción, que pueden sumarse sin restricciones de edad.

Quienes se acojan a Mi Primera Vivienda tienen destinar el inmueble a su residencia habitual y permanente, durante al menos dos años desde la fecha de adquisición. Además, debe estar situada en la región y no superar un precio máximo de 390.000 euros.

La Comunidad de Madrid destina 25,5 millones en ayudas directas de hasta 12.500 euros para mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética en las viviendas de los 6.000 beneficiarios previstos. Así lo recoge el acuerdo de Consejo de Gobierno, que detalla los requisitos de la nueva convocatoria para 2025, cuyo plazo de solicitud comenzará a partir de su próxima publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

Con esta iniciativa, el Gobierno madrileño subvenciona actuaciones como la instalación de ascensores, rampas y plataformas elevadoras que faciliten el acceso y, así, mejoren la autonomía de las personas con discapacidad o movilidad reducida y su permanencia en el domicilio.

Esta es la tercera convocatoria de estos incentivos a través de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, que cubren hasta un 60% del coste de la obra en función del tipo de vivienda sobre el que realicen los trabajos de accesibilidad, pudiendo llegar hasta un máximo de 12.500 euros.

El plazo para solicitar esta línea de ayudas, incluidas en el Plan Estatal de acceso a la vivienda 2022/25, comenzará una vez que se publique en el Boletín Oficial regional; a partir de ese momento, y durante dos meses, los interesados podrán presentar las solicitudes de forma telemática.

Durante la vigencia de esta iniciativa en años anteriores, concretamente en 2022 y 2023, se han destinado a este programa de mejora en los inmuebles de la Comunidad de Madrid más de 100 millones de euros beneficiando a un total de 18.763 hogares.