10 septiembre, 2024

La Audiencia Nacional ha condenado a siete años de cárcel al que fuera vicepresidente y exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid bajo el Gobierno de Esperanza Aguirre, Alfredo Prada (PP), por delito continuado de prevaricación en concurso medial con delito continuado de malversación agravada por 24 contratos por un total de 40 millones de euros en la construcción del Campus de la Justicia entre los años 2005 y 2011.

En su sentencia, la Sección Primera de la Sala Penal condena por el mismo delito a penas de 3 años y 6 meses de cárcel a cuatro empleados que formaron parte del equipo directivo de este proyecto: Isabelino B. (director general técnico) Alicio H. (director financiero), Andrés G.G. (director del área de Seguridad) y Félix José G.C. (letrado asesor). Para todos los condenados, la Sala ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas.

El sexto acusado Mariano José S. (subdirector general técnico), resulta absuelto porque el tribunal entiende que el máster del que disfrutó fue pactado en concepto de indemnización por su despido. A todos los acusados se les absuelve del delito de fraude contra las administraciones públicas que les atribuían las acusaciones ejercidas por el Ministerio Fiscal y la Comunidad de Madrid.

El fallo indica que Alfredo P., Isabelino B., Alicio H. y Andrés G.G. deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la Comunidad de Madrid en la cantidad de 40.482.735,78 euros y subsidiariamente en defecto de los anteriores responderá civilmente por dicha cantidad Félix G.C.

En el caso de Alfredo P. se le condena como autor del delito continuado de prevaricación en concurso medial con delito continuado de malversación agravada. Mientras que al resto de acusados se les considera cooperadores necesarios.

Se obvió toda previsión económica y se eludieron los controles administrativos

En su sentencia, la Sala explica que Campus de la Justicia y los acusados, todos ellos miembros de la mesa de contratación,  llevaron a cabo una intensa actividad de contratación en la que obviaron toda previsión económica, prescindieron de cualquier estudio de costes, eludieron los controles administrativos prescindiendo de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, infringiendo la normativa aplicable constituida por el Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio TRLCAP y externalizando prácticamente toda la actividad de la sociedad que tenía un número muy escaso de empleados para llevar a cabo la tarea.

Los contratos suscritos se alejaron cada vez más del objeto social y la construcción de una Ciudad de la justicia dejó de ser el objetivo principal de CJM, indica la resolución, para convertirse en un pretexto o excusa para celebrar todo tipo de contratos cuyo objeto se halla más en publicitar el proyecto del Campus, y en especial el proyecto encargado a Foster & Partners, que en la propia ejecución del proyecto del Campus.

Unos contratos, aprecia, “que en nada benefician el objeto social por múltiples razones, como puede ser la absoluta falta de relación entre la actividad contratada y la ejecución del proyecto (como las exposiciones organizadas por la Fundación Arte Viva y el caos de contratación de publicidad aparejada) o por su excesivo coste que supera completamente la capacidad económica de la sociedad (el contrato suscrito con Foster & Partners y sus consultoras sin contrato), por su inutilidad de cara al objeto social (contrato con Metaverse y Cul de Sac), por su inadecuación para la fase de desarrollo del proyecto (como el contrato suscrito con Matchmind o los contratos de servicios de seguridad)”.

Para los magistrados, dichos contratos así suscritos se alejaron del objeto social de CJM, el precio que se pagó por ellos es dinero que se distrajo de su legítimo fin hasta el punto de que el proyecto del CJM, la construcción del Campus de la Justicia de Madrid, nunca se hizo realidad y el gasto excesivo empleado en la contratación fue una de las causas del fracaso del proyecto.

A lo largo de la sentencia, de 214 páginas, se detalla la adquisición de servicios y productos que no sirvieron al interés público y que desde la perspectiva del concepto personal de patrimonio utilizado por la jurisprudencia generaron un evidente perjuicio.

La malversación es de suma gravedad

La Audiencia se basa en doctrina del Tribunal Supremo para aplicar el subtipo agravado al tener en cuenta el valor de las cantidades sustraídas y el daño causado al servicio público. Según la Sala, en estos hechos juzgado concurren ambos criterios.

La cuantía que alcanza la malversación es de “suma gravedad”, puesto que basta considerar que el contrato suscrito con Foster & Partners y el abono a las empresas consultoras con las que trabajaba el estudio (Buro Happold, Gleeds Ibérica, The Bank) costó a las arcas públicas más 13 millones de euros, a los que hay que añadir los costes de los otros 23 contratos enjuiciados, cuya suma alcanza, como indica el Letrado de la Comunidad de Madrid, la cantidad de 40.482.735,78 euros.

Tal cantidad, a juicio de los magistrados, es de una “extraordinaria relevancia” y ha incidido de forma clara en la producción de un daño al servicio público. “El servicio público en este caso se identifica con el objeto social que debía colmar CJM con su capital íntegramente público, esto es, la urbanización y edificación de una ciudad judicial que albergara todas les sedes judiciales de la capital y que nunca se logró culminar, hasta el punto que a día de hoy esa ciudad judicial sigue sin existir; tan solo se logró edificar el inmueble que debía ser la sede del Instituto de Medicina Legal, que ni siquiera se completó, y parte de los túneles de conexión entre los distintos edificios”.

A criterio de la Sala, “el fracaso del proyecto del CJM se debió en gran medida a los gastos sin límite dedicados a fines que guardaban poca relación con el objeto social, gastos superfluos o inútiles en los que se empleó gran cantidad de recursos sin previsión de costes alguna para comprobar a posteriori que la sociedad no tenía recursos suficientes para acometer su objetivo. Y entre esos gastos que esquilmaron a CJM se encuentran los contratos objeto de este juicio”.

Prevaricación

Para el Tribunal concurren los elementos de la prevaricación, desde la condición objetiva requerida por el sujeto activo del delito, hasta la contradicción con la norma aplicable- presente en todas las fases del procedimiento de contratación-, con ausencia de los requisitos más esenciales en cada tipo de contrato, lo que da lugar a la celebración de unos contratos alejados de los fines que constituyen el objeto de la sociedad que es también el órgano de contratación y de ese modo se impone la voluntad de los acusados, en especial de Alfredo P., pero también de los demás, que es la elección directa, acorde con sus deseos, de las empresas que van a ser contratadas.

La participación decisiva de Alfredo P.

Para la Sala, la participación de Alfredo P. en los 24 contratos objeto de este juicio está sobradamente acreditada, no solo porque es él quien firma los contratos en representación de CJM, sino también porque tiene una participación decisiva en la elección de los adjudicatarios prescindiendo del procedimiento administrativo.

Alfredo P. interviene en los 24 contratos objeto de juicio, no solo en los de publicidad, bien mediante la convocatoria del concurso, en los casos en los que los hubo, y posterior adjudicación, bien mediante la elección directa del adjudicatario sin concurso abierto o procedimiento negociado previo. Todos los elementos señalados conducen a considerar a este acusado responsable en concepto de autor del concurso delictivo antes definido, de acuerdo con el artículo 28 del Código Penal.

La sentencia explica que fue Alfredo P. quien acudió a Londres para entrevistarse con Norman Foster en los pasos previos a la contratación y quien decidió contratarlo sin justificación alguna, no tanto referida al indudable prestigio mundial del estudio de arquitectura como al coste que esa contratación suponía para las arcas públicas.

Y aunque contó con el apoyo de todo el Consejo de Gobierno en este punto, la contratación de Foster & Partners se llevó a cabo sin tener en cuenta el coste añadido de los consultores con los que trabajaba el estudio de arquitectura, Buro Happold y Gleeds Ibérica, a los que se pagó su trabajo sin ningún tipo de contrato previo y sumó más de tres millones de euros al coste de la contratación de Foster & Partners.

La sentencia relata que, tras la contratación del estudio de arquitectura, la actividad de CJM se centró en la promoción del proyecto del Campus y en especial del proyecto de Foster & Partners. “La construcción del Campus pasó a ser algo secundario y CJM empleó recursos económicos muy cuantiosos en actividades de promoción y publicidad al tiempo que dichos recursos se apartaron del fin para el que se constituyó la sociedad, que no era la promoción de proyectos de arquitectura, sino la ejecución de los mismos”, señala el Tribunal.

El delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha destacado hoy que la tasa de criminalidad en la Comunidad de Madrid “se encuentra estable desde hace varios años, con ligeras variaciones”, como la que arroja el Balance de Criminalidad del primer semestre del año 2024 en el que se registra el aumento en tan sólo una décima respecto al año anterior, hasta situarse en el 60,1, lo que supone la “consolidación de unos buenos datos”.

De hecho, la tasa actual se encuentra en este momento más baja que antes de la pandemia, y consolidan una evolución positiva que se viene observando desde el año 2012. “No existen variaciones significativas en una tasa de criminalidad desde el año 2013, once años de estabilidad de la criminalidad que es un éxito de todos y de todas”, ha añadido.

Además, este ligero repunte no es achacable a la criminalidad convencional (que no computa los ciberdelitos y que recoge aquellos delitos que generan más alarma social) que, a junio de 2024, se reduce en 0,9 puntos en relación al mismo periodo en el año anterior. Además, este descenso también es tendencia ya que ha bajado 6,1 puntos desde 2011, pasando de 47,6 infracciones por mil habitantes ese año a 41,4 en 2023 a nivel nacional.

Dentro de los delitos más graves, cabe destacar que la tasa homicidios en la demarcación de Policía Nacional, es la menor de los últimos 20 años. Y por su parte, la cibercriminalidad, si bien aumenta (un 5,7 con respecto al año anterior), lo hace a un ritmo menor de lo que se ha registrado en los últimos años.

Máximo histórico de efectivos policiales

Con respecto a la situación de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Comunidad de Madrid, el delegado del Gobierno ha subrayado que, durante los últimos años, se ha alcanzado el “máximo histórico” de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid. “En estos momentos se disponen de más 20.100 efectivos y, desde el año 2017, se ha producido un aumento del 6.6% del total de agentes, destacando el aumento de casi un 10% de los componentes de la Policía Nacional destinados en la Comunidad de Madrid”, ha indicado.

Además, ha defendido que “el compromiso absoluto del Gobierno de España con la presencia de la Guardia Civil en la región”. Este hecho se materializará con la incorporación de 531 nuevos Guardias Civiles en los cuarteles e instalaciones de la Benemérita en la comunidad, el doble que el año pasado, que contribuirá a aumentar aún más su presencia en las zonas de su demarcación, y que supone tener cubierto el 100,2% del catálogo.

El aumento de efectivos policiales en la Comunidad de Madrid repercute también en una mayor eficacia policial, tanto en infracciones esclarecidas como en detenidos e investigados.

A junio de 2024 las FCSE en Madrid el porcentaje de infracciones penales esclarecidas se sitúa en el 33.2 %, el porcentaje más alto de los últimos 10 años. La tasa de detenidos, es decir, el número de detenidos por cada 1.000 infracciones penales también se encuentra en un máximo histórico, situándose en 243.

“Hemos mejorado las infraestructuras y modernizado el equipamiento policial. Hemos logrado revertir el proceso de reducción de plantillas sufrido en años anteriores, tras unos recortes en un servicio público esencial que nos habían llevado a mínimos insostenibles. Con mejores condiciones laborales y retributivas y con una formación que favorece el progreso de toda la plantilla”, ha enumerado como muestras del “compromiso firme de este Gobierno por disponer de unas fuerzas y cuerpos de seguridad acordes a las necesidades de la sociedad madrileña”.

Al mismo tiempo, ha afirmado que la inversión en seguridad pública continuará, puesto que es uno de los “grandes patrimonios” de España y de la Comunidad de Madrid.

Delitos contra la libertad sexual

Durante el periodo analizado, de enero a junio de 2024, los delitos contra la libertad sexual en la Comunidad de Madrid han sufrido una evolución similar al total nacional, registrando una tendencia ascendente, interrumpida en 2020 por la pandemia del COVID-19. En este sentido, entre enero y junio de 2024, comparado con el mismo periodo del año 2023, se registraron un 5,2% de denuncias más.

Del incremento sostenido de este tipo de delitos durante los últimos años, podría deducirse que el aumento de estos delitos pudiera estar influenciado por un progresivo descenso de la “cifra oculta”. Francisco Martín ha expuesto que, aunque las razones pueden ser múltiples, entre ellas puede estar una mayor concienciación y un aumento de las denuncias. “La sociedad española y, en concreto, las mujeres denuncian más porque confían más y están más concienciadas”, ha señalado.

Al respecto, ha insistido en que en la lucha contra este tipo de violencia “es imprescindible el compromiso de todos” y, por ello, ha vuelto a solicitar el apoyo de todas las administraciones y actores implicados para que herramientas como el sistema VioGén se extiendan a todos los municipios de Madrid que cuentan con Policía Local.

Bandas juveniles

El refuerzo de especial intensidad de los dispositivos de seguridad, control y seguimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para combatir a las bandas juveniles, puesto en marcha por el Ministerio del Interior en Madrid en noviembre de 2022, se ha saldado hasta la fecha con 88.483 actuaciones en la Comunidad de Madrid y ha permitido la detención de 3.581 personas, según los datos registrados hasta el mes de julio de 2024.

En este sentido, en el conjunto de estas actuaciones se han incautado 1.567 armas blancas, 9 armas de fuego y 210 objetos peligrosos. El principal dato que corrobora el buen funcionamiento de este plan se encuentra en el dato de homicidios, destacando la inexistencia de homicidios en 2024 asociados a bandas juveniles. “Hemos pasado de 6 muertos a 0 en 3 años”, ha recalcado Francisco Martín.

El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a la redistribución de 499.950 euros a la Comunidad de Madrid  para la creación de plazas públicas del primer ciclo de Educación Infantil. En total, serán 32,2 millones de euros destinados a siete comunidades autónomas que han solicitado más fondos para la creación de plazas públicas del primer ciclo de Educación Infantil.

En concreto, Aragón, Asturias, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Madrid, Murcia y Navarra habían manifestado su disposición a recibir más financiación dentro del programa de impulso de escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil con nuevas plazas de titularidad pública, prioritariamente para niñas y niños de 1 y 2 años, que forma parte del Programa de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El impulso a la escolarización de 0 a 3 años es una de las prioridades del Gobierno ya que la participación en esta etapa es uno de los predictores más importantes de la mejora de los resultados y del desempeño educativo futuro de los niños y niñas. Además, la disponibilidad y accesibilidad a estas plazas contribuye a la igualdad de oportunidades, mejora la conciliación familiar, la equidad educativa y el equilibrio territorial.

Por ese motivo, las comunidades autónomas han recibido desde 2021 más de 670,1 millones de euros, gracias los cuales van a poder crear más de 65.000 plazas en esta etapa educativa.

La redistribución aprobada hoy corresponde a fondos reintegrados por la Junta de Andalucía, que de las 12.069 plazas para las que recibió financiación solo tiene previsto crear 1.040. El montante no ejecutado por esta comunidad (algo más de 112 millones de euros de los 120 recibidos) ha sido reintegrado y parte del mismo se ha destinado a cubrir las necesidades de las comunidades autónomas citadas anteriormente.

La cantidad restante del citado reintegro (algo más de 80 millones de euros) queda reservada para una nueva redistribución entre comunidades autónomas y otros departamentos (como el Ministerio de Defensa), y se destinará, hasta final de 2025, a la creación de más plazas de titularidad pública de 0 a 3 años.

Como antesala a la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) ha presentado esta mañana los resultados relativos al informe Valoración de la cobertura de la demanda de servicio de taxi y VTC realizado el pasado mes de julio por Sigma Dos, la empresa demoscópica líder en estudios de mercado.

El evento, que ha tenido lugar en el Círculo de Bellas Artes (Madrid), ha contado con la presencia de Julio Sanz, presidente de la FPTM y ANTAXI; Rosa Díaz, directora general de Sigma Dos y el subdirector de investigación y estudios de Sigma Dos, Javier Clemente, que se han encargado de extraer y presentar los principales datos sobre la percepción de los usuarios en la Comunidad de Madrid respecto a los servicios del taxi y VTC.

Los temas analizados del informe, que comprende una muestra telefónica y online de 1.400 habitantes de la Comunidad de Madrid, engloban aspectos como los precios de los servicios, el impacto en la contaminación y el tráfico, la demanda y el tiempo de espera, así como la profesionalidad de los conductores.

Javier Clemente, subdirector de investigación y estudios de Sigma Dos, ha destacado un detalle importante que señala que “3 de cada 4 usuarios saben que el precio del taxi está regulado, mientras que la mayoría de la ciudadanía no saben exactamente si los precios de los VTC están regulados”.

Julio Sanz, presidente de la FPTM y ANTAXI, ha comenzado la presentación destacando cómo “el taxi está a la altura de las grandes plataformas, con ejemplos como Pidetaxi, que cuenta con 5000 conductores listos para ofrecer un servicio a la ciudadanía a través de la aplicación”. Y ha comentado otro de los factores importantes que recoge el informe, y que alude al “abandono de usuarios de VTC por la incertidumbre ante ese establecimiento de precio que nadie sabe de dónde viene. Es un abuso y un engaño a los usuarios”.

Los madrileños confían en el servicio de Taxi

Estas preferencias de los usuarios a las que se ha referido Sanz tienen que ver con algunas de las principales conclusiones del estudio. La relación entre los madrileños y el servicio de Taxi atraviesa un momento “dulce”, como lo demuestra uno de los principales datos del estudio, que señala que el 81,2% de la población utiliza con alguna frecuencia el servicio del Taxi.

Además, el resultado más concluyente es que el 43,5% de la población de la Comunidad de Madrid prefiere el servicio de Taxi frente al de VTC. Por el contrario, un 36,7% se decanta por el VTC. Y a un 19,7% le resulta indiferente.

Entre las razones principales de esta preferencia de los ciudadanos por el servicio de interés público del taxi destacan la inmediatez y facilidad de acceso a los taxis, así como la profesionalidad y experiencia de los conductores.

En referencia a estos datos relacionados con la frecuencia de uso, Rosa Díaz, directora general de Sigma Dos, ha incidido en cómo “los resultados del informe son una herramienta valiosa para entender la percepción de los usuarios de transporte en Madrid”. Y ha añadido: “La comparación entre taxis y VTC muestra diferencias claras en términos de preferencias y percepciones, lo cual es crucial para el desarrollo de políticas y de movilidad urbana”.

Los VTC, a examen

Dos puntos importantes presentes en el informe tienen que ver con la desmesurada petición de nuevas licencias por parte de ciertas empresas del sector de los VTC con la intención de monopolizar el transporte, como ocurrió el pasado mes de julio, en el que la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid denegó la petición de más de 7000 licencias de VTC solicitadas por Cabify.

Un hecho que, según refleja la encuesta, cuenta con el respaldo del 60,8% de la población de la Comunidad de Madrid encuestada, que considera negativo aumentar las licencias de VTC a 25.000 vehículos más.

El otro aspecto se refiere a la inconformidad del 69,7% de los encuestados con el presunto incremento de tarifas por parte de los VTC en grandes eventos deportivos, musicales o de interés general, mientras que esta opinión se eleva hasta el 81,2% entre los usuarios de este servicio. Una desconfianza -o “caprichoso algoritmo”, como reconoce Julio Sanz- que se refleja en ese 64,7% de la población que es partidaria de sancionar a las empresas de VTC que llevan a cabo estas prácticas en momentos de alta demanda.

El cambio en la percepción de los usuarios respecto a las VTC es evidente en el informe. Según Sanz, “no es un dato menor que el 50,2% de los usuarios de VTC haya reducido o abandonado el uso de estos servicios. De ello, nosotros entendemos que, junto a la apreciación de la calidad del servicio del taxi, los ciudadanos están tomando una conciencia creciente de que hay un desfase entre las promesas de marketing de las VTC y la realidad”.

Por último, Julio Sanz se ha mostrado satisfecho sobre los resultados y ha recalcado “la importancia de estos resultados para nuestro sector, que vienen a corroborar cómo el taxi es un servicio necesario y en alza, debido a la estabilidad, transparencia de precios, profesionalidad de conductores y, sobre todo, seguridad en los desplazamientos, como lo demuestra un índice de siniestralidad notablemente inferior que en el caso de los VTC, cuyos conductores pecan de falta de experiencia y de un desconocimiento sobre las calles y rutas de la ciudad. El taxi es, por tanto, un servicio más profesional”.

Añade Sanz que “la alta valoración ciudadana, en particular del servicio del taxi, que no olvidemos es un servicio de interés público, nos motiva a reafirmar nuestro compromiso de seguir mejorando la calidad de nuestro servicio, poniendo al ciudadano en el centro y respondiendo a los avances en materia de movilidad sostenible, digital e interconectada”.