4 agosto, 2022

La Comunidad de Madrid ha rechazado el Real Decreto Ley de ahorro energético por ser «inaplicable desde el punto de vista sancionador» dado que «no se ha especificado cuánto tiempo han de estar apagados los escaparates ni los edificios públicos».

Así lo ha señalado Enrique Ossorio, vicepresidente, consejero de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid, durante su visita en Móstoles al Museo Centro de Arte 2 de Mayo. «Todas las normas restrictivas de derechos y sancionadoras tienen que estar perfectamente delimitadas. Si la ley no dice cuánto tiempo se tienen que mantener apagados los escaparates y un comerciante lo apaga durante 10 segundos, está cumpliendo la ley y no va a poder ser sancionado, porque el régimen sancionador es lo que dice la ley. Esto se aplica exactamente igual a la iluminación de los edificios oficiales», ha expuesto.

«Nosotros siempre hemos dicho que hay que cumplir el Real Decreto Ley, pero el Gobierno de Pedro Sánchez se tiene que dar cuenta de que ellos son los propietarios de la norma hasta que se publica en el Boletín Oficial del Estado, ha incidido. «Y la torpeza increíble ha sido olvidarse de decir cuánto tiempo tienen que estar apagados los escaparates y los edificios. Es que es un error absolutamente garrafal».

Este Real Decreto-Ley, ha añadido, «incumple también el Decreto de Salud y Seguridad en el trabajo del año 1997, que establece que las actividades que denomina de trabajo ligero, como son las del comercio y la hostelería, no puede haber más de 25 grados. Por tanto, está incumpliendo un decreto que regula la seguridad de los trabajadores y, en esta medida, ya se ha vuelto inaplicable».

Y «hemos conocido un estudio de varios catedráticos y profesores universitarios que dicen que el régimen sancionador se ha articulado mal, que probablemente es inconstitucional y que va a suceder exactamente igual que con las sanciones del Estado de Alarma, que no se podrán cobrar esas multas. Así que ahí tenemos ese estudio que pone de manifiesto que está mal articulado el sistema sancionador».

«Que un dirigente del partido que se reúne con los independentistas para no cumplir las leyes diga las leyes se cumplen y punto es propio de un gobierno autoritario. Los gobiernos autoritarios quieren que el pueblo, los comerciantes, las industrias, todos, cumplan las normas que les encanta dictar, preferiblemente prohibitivas. Él –Sánchez- pide a los españoles sacrificios hasta octubre de 2023 y coge el Super Puma y el Falcon y se va a La Mareta», ha apuntado Enrique Ossorio.

Para el vicepresidente madrileño, «Pedro Sánchez no ha sido capaz de frenar el alza del precio de la energía. Vendieron a bombo y platillo la excepción ibérica iba a bajarlo en un 40% y no lo ha conseguido. La energía se está consumiendo mucho menos por el precio que tiene, y eso lo sabemos nosotros en nuestros hogares, lo saben los comerciantes y lo saben las industrias. Así que, desgraciadamente, si el precio de la energía sigue subiendo, el consumo de la energía seguirá bajando en España, porque la industria, las empresas, los comerciantes y las familias no pueden consumir energía».

La Comunidad de Madrid, ha concluido, «tiene un plan de eficiencia energética desde el año 2017 con el que se han hecho 3.000 actuaciones, muchas de ellas relacionadas con las luces LED, buscar sistemas de alumbrado más eficientes también relacionadas con las envolventes de los edificios y tenemos múltiples campañas de mejora de los sistemas energéticos, de subvenciones a los ciudadanos, a los empresarios».

CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE se ha mostrado muy crítica ante el plan de ahorro energético aprobado esta semana por el Consejo de Ministros y publicado en el BOE. La patronal madrileña reprocha al Ejecutivo «la falta de estrategia en sus políticas y que, una vez más, no se cuente con los afectados» para la elaboración de un plan, que, según los empresarios madrileños “perjudica gravemente la actividad y carece de medidas que favorezcan la producción y el empleo”.

En concreto, y en relación con las medidas de fomento del ahorro y la eficiencia energética que recoge la normativa, CEIM rechaza tanto la forma como el contenido de las misma por los siguientes motivos:

a) Resulta improcedente recurrir una vez más a un Decreto-ley para introducir nuevas obligaciones para las empresas, que bien podrían esperar el proceso ordinario de debate y participación. 

Esta forma de gobernar, tan frecuente en esta Legislatura, está evitando constantemente el debate parlamentario, la consulta con las comunidades autónomas y las Administraciones locales, así como el proceso de participación de la sociedad civil. 

En particular, es patente la constante falta de consideración con los representantes de las empresas, siendo éstas las llamadas a aplicar las medidas y asumir los costes.

b) La norma, además, resulta caótica en su contenido, porque, entre otras cosas, reforma un Decreto-ley de hace tan solo una semana en relación con la cotización de autónomos; y, además, resulta incoherente con la regulación en materia de seguridad y salud en el trabajo, en cuanto a la temperatura máxima bajo la que se puede desarrollar la actividad profesional en el ámbito comercial. De hecho, la normativa de aplicación existente impide que los trabajos ligeros, como es el caso del comercio, se desarrollen a más de 25 grados.

c) Más lacerante aún es el contexto en el que se aprueba esta norma: El paulatino descenso de creación de puestos de trabajo y de la cifra de autónomos, como se pudo conocer ayer mismo, exige dejar de introducir lastres a los creadores de empleo. 

Por ello, rechazamos absolutamente que, en estos momentos, caracterizados por inflación disparada, endurecimiento de la financiación y mayor presión fiscal, se introduzcan nuevos costes para las empresas y autónomos de España. 

En concreto, obligar a nuevos sistemas de cierre de puertas, elaborar carteles informativos y adelantar las inspecciones de eficiencia energética, son nuevos costes. Lamentamos que la norma no contemple ningún tipo de estímulo o ayuda para afrontarlos.

d) En lugar de ahogar en la oscuridad los escaparates de las tiendas, con la ausencia de estímulo a la compra de productos, la inseguridad ciudadana que ello conllevará, y el ataque frontal a la libertad de empresa que supone, sería más razonable que el Gobierno diseñara otras medidas tendentes a favorecer la eficiencia energética, el aumento de la generación y la reducción de la dependencia exterior.

«Merece la pena recordar que hace menos de dos semanas, tras el Consejo Extraordinario de Ministros de Energía, celebrado el 26 de julio, la Vicepresidenta Tercera del Gobierno indicó que España cumpliría la reducción del 7% de consumo con medidas voluntarias», señalan.

Desde la patronal madrileña confían en que el Gobierno nacional «recapacite sobre la inoportunidad de esta norma y rectifique. No está la situación económica y el mercado de trabajo para aguantar constantes ocurrencias no testadas ni consultadas con los afectados, y sí para dejar de lanzar medidas aleatorias y aprovechar los Fondos Europeos para ayudar a las empresas y ciudadanos en la eficiencia energética».

Asimismo, «por las razones formales de falta de urgencia (exigencia del artículo 86 de la Constitución) y por el ataque injustificado a la libertad de empresa (artículo 38), apoyaremos la decisión de la Comunidad de Madrid de recurrir este Real Decreto y nos ponemos a disposición de las distintas administraciones regionales y nacionales para crear una mesa de trabajo conjunto para elaborar un verdadero plan estratégico que contenga medidas a corto, a medio y a largo plazo para compatibilizar la necesaria eficiencia energética con la fundamental actividad económica generadora de riqueza y empleo».