7 junio, 2021

Los sindicatos CCOO, UGT y USO han convocado en Metro de Madrid huelga y concentraciones ante los 7 trabajadores fallecidos por manipulación o exposición al amianto durante su vida laboral en el suburbano y los 12 a los que ya se les ha reconocido la enfermedad profesional.

Se trata de una jornada de huelga el próximo día 14 de junio, desde las 07:00 y hasta las 11:00 en el turno de mañana y concentraciones para los días 14, 15 y 16 de junio desde las 08:00 hasta las 12:00 en la puerta de los juzgados de plaza de Castilla.

Desde que se tuvo conocimiento del primer caso, el de Julián Martín, a quien se le reconoció la enfermedad profesional en mayo de 2017, a día de hoy se contabilizan fallecidos y otros 12 trabajadores a quienes el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha reconocido la enfermedad profesional por manipulación o exposición al amianto durante su vida laboral en Metro de Madrid y 10 trabajadores más, que a falta de pruebas médicas más concretas probablemente podrían estar afectados también por esa grave enfermedad profesional.

«Todavía muchos los elementos y piezas que contienen amianto que están encontrando en las instalaciones, depósitos y trenes y posiblemente tengamos compañeros y compañeras que podrían estar actualmente manipulando y expuestos al amianto en nuestra empresa sin tener conocimiento de ello», denuncian.

Los objetivos de la huelga anunciada son los siguientes: «exigir unas medidas de prevención y salud efectivas para otros colectivos de trabajadores que no se reconocen en la actualidad la dirección de la empresa de Metro de Madrid frente al riesgo de sufrir secuelas por exposición al amianto durante el desarrollo de sus funciones y durante su vida laboral».

También «impulsar un fondo de compensación para todos los trabajadores y trabajadoras expuestos en la actualidad ya en el pasado; poder recuperar el abono de la póliza de seguro de vida pactado en convenio colectivo; exigir la inscripción de Metro de Madrid en el RERA; y exigir la erradicación completa e inmediata del amianto acelerando para ello el plan de desamiantado.

Los embalses de la Comunidad de Madrid han comenzado el mes de junio al 81,8 % de su capacidad máxima, con valores que superan en 3 puntos la media histórica y que se sitúan 4 puntos por debajo de los registrados hace un año. En total, almacenan 771,8 hectómetros cúbicos de agua, cerca de 30 hectómetros cúbicos más que el valor medio para un 1 de junio.

Mayo fue un mes seco, como también lo fueron marzo y abril: las precipitaciones en las presas han sido un 54% inferiores a la media histórica, con 28,3 litros por metro cuadrado frente a los casi 62 de la media. Esto se ha traducido en unas aportaciones también por debajo de la media: hasta los embalses han llegado 33,5 hectómetros cúbicos de agua, mientras que la serie histórica marca unas aportaciones medias de 83,7 hectómetros cúbicos.

Con todo, el total de aportaciones desde que arrancó el actual año hidrológico, el pasado 1 de octubre, asciende a 756,4 hectómetros cúbicos, un dato que supera a los 650 recibidos en todo el año hidrológico anterior, y a los 756,2 que de media aportan los ríos a los embalses de la Comunidad de Madrid a lo largo de un año hidrológico completo.

Por otro lado, el volumen de agua derivada para consumo ascendió en mayo a 43,9 hectómetros cúbicos, un 3,2 % más que en mayo de 2020, cuando estaba activo el confinamiento domiciliario por la pandemia. En total, desde que comenzó el año hidrológico, en octubre, el consumo está siendo superior al registrado en el mismo periodo del anterior año hidrológico: se han derivado para consumo 303,2 hectómetros cúbicos de agua frente a los 295,4 del mismo periodo de 2019-2020.

La Audiencia Nacional ha decidido esta tarde de lunes, 7 de junio, aceptar las medidas cautelarísimas solicitadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid contra la Orden Comunicada de la Ministra de Sanidad, de 4 de junio de 2021, mediante la que se aprueba Declaración de Actuaciones Coordinadas frente a la COVID-19 y contra el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la Declaración de Actuaciones Coordinadas frente a la COVID-19, de 2 de junio de 2021.

Así consta en el auto, al que tuvo acceso Gacetín Madrid, en el que se acuerda suspender en la Comunidad de Madrid la ejecutividad de las medidas contenidas en los apartados A), B) y C) del anexo de la Orden Comunicada objeto de recurso interpuesto por el Gobierno regional. Con ello se concede 3 días de plazo a la Administración General del Estado demandada «a fin de que pueda efectuar las alegaciones que estime oportunas».

Los magistrados argumentan que, en caso de no tomarse la medida cautelarísima y de esperarse a la adopción de una medida tras la tramitación ordinaria de la pieza separada de medidas cautelares, «el riesgo de generar situaciones de incertidumbre y de menoscabo (que pudiera ser grave) a los intereses de los afectados últimos por la decisión de imponer restricciones distintas a las ya existentes».

«Se generarían así tres niveles distintos de restricción en un lapso temporal breve, lo que no es fácilmente justificable para el ciudadano, destinatario último de la protección pública insita en la discusión que nos ocupa», incide la Audiencia Nacional.

En la Declaración de Actuaciones aprobada con el voto de la mayoría de las comunidades y ciudades autónomas pero con el voto en contra de las cinco gobernadas por el PP (Comunidad de Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León y Ceuta) y la abstención de Cataluña y Euskadi argumentando «invasión de competencias», se fijan criterios comunes para toda España como el horario de cierre de la hostelería a la 01:00 horas, siendo las 00:00 horas la hora máxima para admitir clientes, y la reapertura del ocio nocturno (discotecas, pubs, salas de conciertos…), con un horario de cierre a las 02:00 horas, ampliable a las 3:00 en las regiones con menos incidencia.

Ante ello, la Comunidad de Madrid había solicitado «medida cautelarísima inaudita parte» solicitada al amparo del artículo 135 Ley de la Jurisdicción contencioso administrativa y subsidiariamente, medida cautelar mediante su tramitación ordinaria de acuerdo con el apartado 1.b) del mismo artículo.

«Aunque la impugnación de la Orden Comunicada pretende su íntegra anulación, la pretensión cautelar deducida se refiere a la suspensión de las medidas que causan un daño inmediato, irreparable e insubsanable», se expone en el recurso al que ha tenido acceso Gacetín Madrid.

En la Comunidad de Madrid rige actualmente la Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. «Hay que subrayar el perjuicio que se deriva como consecuencia de la invasión de competencias que ha supuesto la Orden de la Ministra», se expone.

La Comunidad de Madrid «ostenta la competencia para la adopción de medidas especiales en materia de Salud Pública. Y es evidente que esta competencia se viene utilizando, pues tras la finalización de la prórroga del estado de alarma se dictó la Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad».

«Sumir al ciudadano en un régimen de medidas voluble, impuesto sorpresivamente sin razón alguna, sustituyendo de un día para otro la regulación existente, es una afrenta clara a la seguridad jurídica. La Declaración de Actuaciones Coordinadas, que da entero fundamento a la Orden de la Ministra, se encuentra viciada ante el hecho incuestionable de no haber sido adoptada por consenso en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud», concluía el recurso.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha remitido a lo largo de este fin de semana a cientos de personas de más de 60 años pendientes de recibir su segunda dosis de AstraZeneca un SMS que contenía un «error de citación», ya que se les daba a elegir entre la vacuna británico-sueca o la de Pfizer.

Al parecer este mensaje se trata de un nuevo error de la empresa Indra, a la que se ha derivado la gestión de las citaciones, ya que se citaba en el Hospital Enfermera Isabel Zendal a mayores de 60 años y se les pedía elegir vacuna, algo que solo se hace, previo consentimiento informado, a los menores de esa edad.

Este fallo ha afectado, según han explicado fuentes de la Consejería de Sanidad, a las personas convocadas en dicho centro de vacunación masiva para el turno de mañana los días 7, 8, 9 y 13 de junio. Tras detectarse este error, la propia Consejería comenzó un proceso para subsanar el error, enviando un segundo SMS de anulación de la cita errónea, y finalmente este lunes un tercer SMS con la cita correcta.

Con todo ello, los mayores de 60 años afectados han sido convocados nuevamente en el Hospital Isabel Zendal manteniendo su mismo día y hora para recibir la segunda dosis de AstraZeneca.

La Comunidad de Madrid ha presentado esta mañana de lunes, 7 de junio, un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional contra la Orden Comunicada de la Ministra de Sanidad, de 4 de junio de 2021, mediante la que se aprueba Declaración de Actuaciones Coordinadas frente a la COVID-19 y contra el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la Declaración de Actuaciones Coordinadas frente a la COVID-19, de 2 de junio de 2021.

En dicha Declaración de Actuaciones aprobada con el voto de la mayoría de las comunidades y ciudades autónomas pero con el voto en contra de las cinco gobernadas por el PP (Comunidad de Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León y Ceuta) y la abstención de Cataluña y Euskadi argumentando «invasión de competencias», se fijan criterios comunes para toda España como el horario de cierre de la hostelería a la 01:00 horas, siendo las 00:00 horas la hora máxima para admitir clientes, y la reapertura del ocio nocturno (discotecas, pubs, salas de conciertos…), con un horario de cierre a las 02:00 horas, ampliable a las 3:00 en las regiones con menos incidencia.

Ante ello, la Comunidad de Madrid ha solicitado «medida cautelarísima inaudita parte» solicitada al amparo del artículo 135 Ley de la Jurisdicción contencioso administrativa y subsidiariamente, medida cautelar mediante su tramitación ordinaria de acuerdo con el apartado 1.b) del mismo artículo.

«Aunque la impugnación de la Orden Comunicada pretende su íntegra anulación, la pretensión cautelar deducida se refiere a la suspensión de las medidas que causan un daño inmediato, irreparable e insubsanable», se expone en el recurso al que ha tenido acceso Gacetín Madrid.

En la Comunidad de Madrid rige actualmente la Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. «Hay que subrayar el perjuicio que se deriva como consecuencia de la invasión de competencias que ha supuesto la Orden de la Ministra», se expone.

La Comunidad de Madrid «ostenta la competencia para la adopción de medidas especiales en materia de Salud Pública. Y es evidente que esta competencia se viene utilizando, pues tras la finalización de la prórroga del estado de alarma se dictó la Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad».

«Sumir al ciudadano en un régimen de medidas voluble, impuesto sorpresivamente sin razón alguna, sustituyendo de un día para otro la regulación existente, es una afrenta clara a la seguridad jurídica. La Declaración de Actuaciones Coordinadas, que da entero fundamento a la Orden de la Ministra, se encuentra viciada ante el hecho incuestionable de no haber sido adoptada por consenso en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud», concluye el recurso.