6 marzo, 2021

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La Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha expuesto este sábado, 6 de marzo, ante la Sala de Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sus motivos para justificar que se mantuviera la prohibición acordada por la Delegación del Gobierno para que no se celebren las manifestaciones previstas durante el 8-M.

La fiscal puso de manifiesto el “riesgo” que supone para la salud pública la celebración de este tipo de actos y calificó de “insuficientes” la medidas de seguridad propuestas por los organizadores de dichas concentraciones.

En su exposición, la representante del Ministerio Público sostuvo que tras analizar el contenido de la demanda presentada por la Confederación General de Trabajadores (CGT) entendió que la razón que llevó a la Delegación del Gobierno a prohibir las concentraciones conmemorativas al 8-M no solo se basaban en la normativa propia del estado de alarma sino en las “imperiosas” necesidades de salud públicas derivadas de la existencia de la situación de pandemia provocadas por la COVID 19.

En su opinión, a la hora de autorizar este tipo de manifestaciones durante el estado de alarma existe una “situación de conflicto” entre el derecho a la vida (art. 15 CE) y a la salud (art. 43 CE) frente al derecho de reunión (art. 21 CE). Ante este conflicto, para la fiscal resulta ”procedente” realizar un ejercicio de ponderación con el fin de otorgar “prevalencia” al derecho a la vida “dado que el propio texto constitucional prevé la posibilidad de limitar el derecho de reunión en los supuestos que exista una puesta en peligro para las personas y bienes”.

Sostuvo también que las concentraciones previstas para el 8-M carecen de las medidas se seguridad que permitan garantizar la salud pública “que se ve comprometidas en la situación actual”. Así, asegura que la previsión de un cordón de seguridad compuesto por un “reducido” número de integrantes “es, a todas luces, insuficiente para el control basado en el porte de la mascarilla y el mantenimiento de la distancias interpersonal de un número de personas como el indicado por el promotor”.

Por tanto, consideró que la prohibición de las concentraciones es “proporcionada” y “ponderada” ante la situación actual de riesgo sanitario sin que queda cuestionar la motivación del acto, “que es suficiente y adecuada” y sin que tampoco quepa apreciar un trato discriminatorio hacia las concentraciones convocadas.

Tras analizar el régimen de los límites del derecho de reunión, la fiscal se refirió a una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en la que se abordaba la adopción de medidas “temporales” y “excepcionales” por razón de salud pública para la contención de las COVID 19 en la Comunidad de Madrid.

Con dicha resolución, más el informe de situación de 1 de febrero de 2021 donde se expresa que el volumen de incidencia supera la tasa de casos recomendados por la Unión Europea, la representante del Ministerio Público adujo que son elementos que sirven a la Administración “como criterio de ponderación” a la hora de prohibir las manifestaciones.

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La Comunidad de Madrid presenta el menor ratio de economía sumergida de toda España, con un 16,2% en relación a su PIB, es decir, siete puntos menos que la media nacional, que se sitúa en el 23,1%.

Así lo ha destacado hoy en rueda de prensa el consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, que ha señalado que los factores que más inciden en la proliferación de estas actitudes son “los costes elevados del sistema impositivo, la excesiva regulación de la actividad económica y la escasa persecución del fraude fiscal”.

El consejero ha puesto sobre la mesa las principales conclusiones de diversos estudios que han abordado esta cuestión, como el reciente informe La tributación del ahorro y su incidencia en la reactivación económica desde la
perspectiva regional, elaborado por el Instituto de Estudios Económicos y CEIM, que sitúa a la Comunidad como la región con menor economía sumergida.

Tras el mencionado 16,2% de Madrid se sitúa el 17% de País Vasco, el 18% de Navarra y el 20,6% de Cantabria. En el otro extremo se sitúan Castilla-La Mancha, con un 27,2%, Canarias con un 26,1% y Comunidad Valenciana con el 24,8 %.

Esta menor incidencia de la economía sumergida ha supuesto, según una estimación de la Consejería de Hacienda y Función Pública, que Madrid esté recaudando 1.600 millones de euros más si el peso de la misma se equiparase al nivel de la media nacional. Durante su intervención, el consejero también ha destacado la relación directa que existe entre los bajos impuestos y la menor regulación con la incidencia en la economía sumergida.

Como ejemplo más significativo ha destacado el incremento de las donaciones declaradas desde 2006 (año en el que la Comunidad de Madrid pasó a bonificar el 99% del tributo), que alcanzaron la cifra de 4.000, frente a las 50.000 de 2019. Esta circunstancia también se reflejó en el aumento de la recaudación por este concepto, que pasó de 20 millones de euros en 2006 a 32 millones de euros en 2019.

En esta línea también se sitúan análisis como el de la Fundación para el Avance de la Libertad, que destacan que la economía sumergida es menor en las regiones con mejor puntuación en el Índice de Competitividad Fiscal; o el del Colegio General de Economistas y la Cámara de Comercio, que refleja el vínculo entre un mayor esfuerzo fiscal y la mayor intensidad económica en B.

Lucha contra el fraude

Por otro lado, el trabajo en la Comunidad de Madrid al para combatir el fraude fiscal se ha traducido en la detección de 302 millones de euros sin declarar en impuestos autonómicos a lo largo de 2019 (últimos datos disponibles), que suponen el 13,7% de los 2.212 millones de euros que recauda la Administración regional.

Esto quiere decir que por cada euro que emplea la Comunidad en luchar contra el fraude se recuperan 64,1, situándose el beneficio neto en más de 260 millones de euros. En este sentido, los técnicos de la Consejería de Hacienda y Función Pública revisan el 100% de los expedientes y documentos, más de 730.000 en 2019, un 1% más que a lo largo de 2018.

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La Comunidad de Madrid será patrocinador institucional de Madrid Fusión 2021. El Consejo de Gobierno ha conocido en su reunión de esta semana un informe por el que se autoriza la participación del Ejecutivo autonómico en este congreso de gastronomía mundial, y que celebra su 19º edición, destinando un total de 349.206 euros.

La nueva convocatoria de este congreso pondrá el foco en nuestra región y convertirá a Madrid en la capital del mundo de la gastronomía del 31 de mayo al 2 de junio en las instalaciones de IFEMA, con la participación de ponentes internacionales procedentes de todo el mundo y de célebres chefs nacionales y extranjeros, que harán demostraciones técnicas, talleres formativos, concursos y subastas.

Madrid Fusión 2021 se dividirá en dos congresos en los que se tratarán los caminos del futuro de la alta cocina y la gastronomía circular en relación con el cuidado del medio ambiente, la eficiencia energética, las nuevas tecnologías y el reciclado, entre otros aspectos.

En este caso, la Comunidad de Madrid entiende la feria como una oportunidad para promocionar la gastronomía madrileña, abrir nuevos canales que permitan impulsar los productos de calidad de la región e impulsar el sector agroalimentario, especialmente en el contexto actual, cuya facturación ha sufrido un fuerte descenso con motivo de la crisis sanitaria y las limitaciones en la hostería.

Una región a la vanguardia gastronómica

La Comunidad de Madrid, como patrocinador institucional de este evento internacional, estará presente en ponencias, dará a conocer sus productos de calidad, contará con un gran stand principal y ofrecerá talleres, entre otras acciones.

Asimismo, promocionará la marca M Producto Certificado que distingue a cerca de 500 empresas y a más de 4.200 productos y sus siete figuras de calidad como la Denominación de Origen Vinos de Madrid, la Indicación Geográfica Protegida Carne de la Sierra de Guadarrama, la Marca de Garantía Aceite de Madrid, la Denominación de Calidad Aceitunas de Campo Real, la Denominación de Origen Anís de Chinchón, la Etiqueta de Agricultura Ecológica, y la Marca de Garantía Huerta de Villa del Prado.

La industria madrileña de la alimentación cuenta con cerca de 1.700 empresas que facturan más de 6.000 millones de euros al año, lo que supone el 13% de las ventas del producto industrial regional, y genera de forma directa o indirecta cerca de 100.000 empleos.

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La Comunidad de Madrid va a reanudar a lo largo de este mes las actividades destinadas a dinamizar la vida cotidiana de los usuarios de las residencias y centros de día de mayores de la región que cuenten con plazas públicas. Unas actividades, a través de la Consejería de Políticas Sociales Familias, Igualdad y Natalidad, que tuvieron que ser suspendidas el pasado año como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la pandemia.

“Ahora, con la vacunación de usuarios y trabajadores de los centros ya completada y manteniendo todos los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias, podemos volver a poner en marcha estas actividades, que colaboran decisivamente en la promoción del envejecimiento activo de los mayores participantes”, ha señalado el consejero de Políticas sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, Javier Luengo.

Así, para este primer semestre se van a reactivar actividades como Cultiva tu huerto y Decorando el jardín, que impulsan la participación de las personas mayores usuarias de los centros en actividades de decoración del jardín o el patio de sus centros yen el cultivo de un espacio de las instalaciones destinado a huerto. En estas también pueden colaborar los familiares, trabajadores y alumnos de centros educativos, con el objetivo de favorecer las relaciones intergeneracionales.

Además, también se va activar, en este caso en modalidad online, el programa Europa para los mayores, realizado en colaboración con el Centro de Documentación Europea. Se trata de una actividad que pretende, mediante charlas a través de videoconferencias , y utilizando material informativo y juegos didácticos, aportara las personas mayores un mayor conocimiento sobre la historia de la Unión Europea y las instituciones que la componen.

Desde su puesta en marcha en 2012han participado en estas actividades un total de 8.450 personas mayores, usuarias de centros de atención residencial y diurna, con plazas públicas dependientes de Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia.