10 noviembre, 2020

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El Consorcio Regional de Transportes está analizando la intermodalidad bicicleta-transporte público con especial atención en la utilización de los estacionamientos de bicicletas instalados durante el programa REB (Red de Estacionamientos para Bicicletas). Este trabajo pretende conocer con detalle el uso de dichos aparcabicis y la posible ampliación de la red para atraer nuevos usuarios al sistema de transporte público regional.

Para llevar a cabo esta evaluación se va a realizar una encuesta online que detecte los lugares más demandados con el fin de proponer la instalación de nuevos aparcabicis en estaciones de Metro, de Cercanías, en intercambiadores de transportes o en paradas de autobús interurbano de alta demanda.

La encuesta se está dando a conocer en las redes sociales de clubes y asociaciones ciclistas y en las redes sociales de las operadoras de transporte implicadas y estará abierta a la respuesta de los usuarios durante las próximas semanas. Sus resultados y principales conclusiones serán publicados antes de final de año.

La encuesta se encuentra operativa en este link: https://freeonlinesurveys.com/s/iBXtvtGi#/0

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha planteado al sector de la hostelería la necesidad de hacer obligatoria la instalación de medidores de CO2 en los establecimientos de restauración, si bien de momento el Gobierno regional ya lo propone dentro de sus recomendaciones y medidas para hacer frente al COVID-19.

El objetivo, como ha explicado este martes en un encuentro por videoconferencia con el viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19, Antonio Zapatero, y representantes del sector, es evitar la transmisión del virus por aerosoles en los lugares cubiertos, donde se ha demostrado que se pueden producir un mayor número de contagios. De ahí que la Comunidad de Madrid apueste por medidas creativas que pasen por que la hostelería tenga cada vez más espacios al aire libre, pese a la llegada del frío.

El CO2 se genera por la respiración de las personas, con lo que en espacios cerrados tiende a incrementarse. El nivel del aire exterior es de 400 ppm (partes por millón), y un valor entre 500 ppm y 700 ppm sería considerado como aceptable, por lo que, en caso de llegar a 800 ppm, la ventilación sería obligatoria. Si la concentración de CO2 en una habitación sobrepasa las 1.000 ppm indicaría una mala ventilación y habría que ventilar de inmediato y al máximo posible.

Por eso, Díaz Ayuso está estudiando la posibilidad de que se instalen con carácter general sensores de CO2 en espacios como restaurantes que suelen ser utilizados durante una hora o más por grupos de personas, que, además, en este caso, se quitan la mascarilla para poder comer o beber.

Durante el encuentro también han analizado la posibilidad de colocar filtros purificadores de alta eficiencia, si bien se ha destacado por parte del Gobierno regional que la recomendación que va a primar siempre es la de garantizar la ventilación natural. De hecho, esta medida está contemplada en la última Orden que la Consejería de Sanidad ha redactado con medidas ante el coronavirus.

Sello de excelencia

Por otro lado, se está estudiando también que sea obligatoria la reserva en la restauración para tener localizado un número de contacto y poder facilitar el rastreo en el caso de que fuera necesario; o pedir a los establecimientos que el sonido ambiente o los hilos musicales tengan los mínimos decibelios para que los clientes no tengan que forzar la voz al mantener conversaciones.

Por último, el Gobierno autonómico estudia también la posibilidad de instaurar en el sector una etiqueta de buenas prácticas o sello de excelencia que garantice el cumplimiento de normas de seguridad y que quede patente que los espacios ofrecen todas las garantías posibles. El Consejo de Gobierno evaluará de qué Consejería dependería la puesta en marcha de este sello.

Varios países como EEUU, Japón, Reino Unido, China, o Alemania han empezado a trabajar con protocolos que hacen especial hincapié en la necesidad de poner en marcha medidas para garantizar una buena ventilación pues se ha demostrado que se produce mayor número de contagios en sitos con ventilación poco adecuada.

Por eso, en estos lugares ya se está pidiendo que se eviten los espacios interiores abarrotados y que se aseguren de que estén adecuadamente ventilados trayendo aire exterior tanto como sea posible. En general, se recuerda que estar al aire libre y en espacios con buena ventilación reduce el riesgo de exposición a esta enfermedad.

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La Fiscalía Provincial de Madrid solicita un año de prisión para Ana Isabel Quiroga Domínguez y otros seis meses para su madre Ascensión Domínguez-Alonso Beltrán-Martín por no respetar el perímetro de seguridad que la Guardia Civil había colocado entorno a la vivienda de Galapagar donde residen el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero.

El representante del Ministerio Público imputa a la madre un delito de desobediencia y a la hija un delito de atentado contra agentes de la autoridad y otro leve de maltrato de obra. Las dos acusadas, según el relato de la Fiscalía, acudieron sobre las 17:30 horas del pasado 30 de octubre de 2020 a las inmediaciones de la zona donde tienen su residencia Iglesias y Montero.

Así, cuando agentes de la Guardia Civil, “uniformados y debidamente identificados”, se disponían a establecer el perímetro de seguridad ambas mujeres “mantuvieron una actitud de absoluto desprecio a la labor de los agentes, impidiéndoles el cumplimiento de la función encomendada, desobedeciendo de forma reiterada las indicaciones claras que los mismos les daban, en relación a que retrocedieran en la vía pública y despejaran el perímetro de seguridad”.

Pese a las advertencias, la Fiscalía argumenta que, “lejos de deponer su actitud”, madre e hija persistieron en su comportamiento “haciendo caso omiso a los reiterados requerimientos que los agentes les realizaban”. De hecho, se aproximaron a los agentes gritándoles a escasos centímetros de sus rostros, “prescindiendo del uso de la preceptivas mascarillas” e incluso les propinaron golpes con las manos en el pecho “motivo por el cual, los agentes, tras informarles de las consecuencias legales de su comportamiento, comenzaron a avanzar con los brazos extendidos, empleando la mínima fuerza indispensable para desplazarlas y conseguir finalmente que despejaran la zona”.

Sin embargo, en un momento dado, Ana Isabel Quiroga trató de acceder de nuevo a la zona de seguridad “con la intención de aproximarse a la vivienda” Allí fue interceptada por un agente “quien le cortó el paso, cayendo ésta al suelo, momento en que la misma, al tiempo que le decía “hijo de puta”, intentó agredir con el bolso al Agente en el rostro, golpe que este esquivó, tras lo cual, la acusada le lanzó patadas que impactaron en las botas y tibias del citado agente, sin causar lesión alguna”.

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El Consejo de Ministros, en su reunión de este martes, ha aprobado a propuesta del Ministerio del Interior un paquete de reformas legales que, en su conjunto, modifican de manera sustancial la legislación en materia de tráfico y circulación

El objetivo de estos cambios legislativos es generar un nuevo modelo de seguridad vial alineado con la política de la Unión Europea y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para reducir, durante la próxima década, un 50% el número de fallecidos y heridos graves en accidentes de tráfico.

En primer lugar, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley que reforma el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial en todo lo relacionado con el permiso y la licencia de conducción por puntos. La modificación aumenta los puntos a detraer por aquellos comportamientos que generan mayor riesgo para la conducción e impulsa el mecanismo de los cursos de conducción segura como fórmula para mejorar la formación vial de los conductores.

El objetivo último del anteproyecto es aumentar los comportamientos seguros al volante, para lo que incluye, entre otras, las siguientes medidas:

•    Aumenta de 3 a 6 los puntos a detraer por conducir sujetando con la mano dispositivos de telefonía móvil.

•    Eleva de tres a cuatro los puntos que se detraen por no utilizar el cinturón de seguridad, los sistemas de retención infantil, el casco y otros elementos de protección. Además, incorpora  explícitamente como causa de sanción el mal uso de estos elementos (por ejemplo, llevar el casco de protección o el cinturón de seguridad sin abrochar) porque las consecuencias negativas para la seguridad del conductor son las mismas.

•    Tipifica como infracción grave “llevar en el vehículo” mecanismos de detección de radares o cinemómetros, lo que supondrá la sanción de 500 euros y la pérdida de tres puntos. En la actualidad solo está sancionado el uso de dichos dispositivos durante la conducción, pero la experiencia ha demostrado que, ante un control vial, los conductores los desactivan para impedir que los agentes de Tráfico puedan acreditar su utilización, por lo que una vez aprobada la reforma se sancionará su mera tenencia.

•    La reforma suprime la posibilidad de que turismos y motocicletas puedan rebasar en 20 km/h los límites de velocidad en las carreteras convencionales cuando adelanten a otros vehículos. La supresión de esta medida, que ya había sido eliminada en el resto de países de la Unión Europea, refuerza el mensaje de que la maniobra de adelantamiento conlleva un riesgo de colisión frontal.

•    Introduce la posibilidad de recuperar 2 puntos del carné por la realización de los cursos de conducción segura certificados por la Dirección General de Tráfico. Una orden ministerial desarrollará los requisitos necesarios y las condiciones que deben cumplir.

•    La reforma unifica en dos años el plazo que habrá de transcurrir sin cometer infracciones para recuperar el saldo inicial de puntos, periodo que ahora varía  en función de la gravedad de la infracción cometida.

•    Incluye una nueva infracción muy grave, cometer fraude en los exámenes de conducir utilizando dispositivos de intercomunicación no autorizados. La sanción será de 500 euros y penalización de 6 meses sin poder presentarse al examen.

•    Se prevé el acceso on line al registro de Conductores a las empresas de transporte de personas y de mercancías para que puedan conocer si el permiso de conducir de sus trabajadores está vigente o no. Solo se informará en rojo o verde según si está vigente o no.

El anteproyecto, que ya ha superado el trámite de consulta e información pública, ha sido también informado por el Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible; la  Oficina de Coordinación y Calidad Normativa; la  Agencia Española de Protección de Datos, y el actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Tras su aprobación en primera vuelta por el Consejo de Ministros, el anteproyecto deberá ahora ser informado por los ministerios de Hacienda, Asuntos Económicos y Transformación Digital, Trabajo y Economía Social y Política Territorial y Función Pública.

Movilidad Urbana

En segundo lugar, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que modifica tanto el Reglamento General Circulación como el Reglamento General de Vehículos en materia de medidas reguladoras del tráfico urbano. La finalidad de este texto es reducir la siniestralidad en el ámbito urbano a la vez que regular las nuevas formas emergentes de movilidad ciudadana.

El Real Decreto redefine los límites generales de velocidad en vías urbanas (artículo 50) en función de su distinta clasificación:

•    En las vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera, el límite será de 20 km/h.

•    En las vías de un único carril por sentido de circulación, el límite será de 30 km/h.

•    En las vías de dos o más carriles por sentido de circulación, el límite seguirá siendo de 50 km/h.

Estos límites no se aplicarán hasta pasados seis meses de la publicación de este proyecto en el Boletín Oficial del Estado, para que los ciudadanos los conozcan de forma adecuada y para que las administraciones públicas dispongan de un plazo suficiente para adaptar la señalización.

Movilidad personal

El segundo gran área de incidencia de este Real Decreto es la regulación de los vehículos de movilidad personal, definidos como vehículos de una o más ruedas dotados de una única plaza y propulsados exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar al vehículo una velocidad máxima comprendida entre 6 y 25 km/h.

Esta definición, que excluye a los vehículos para personas con movilidad reducida, conlleva que queda prohibida su circulación por las aceras y por las zonas peatonales. Tendrán que cumplir las normas de circulación como el resto de vehículos y queda también vedada su circulación en vías interurbanas, travesías, así como autopistas y autovías que transcurran  dentro de poblado ni en túneles urbanos.

Para poder circular, los vehículos de movilidad personal deberán disponer del correspondiente certificado de circulación que acredite que cumplen con los requisitos técnicos contemplados en el manual de características que se aprobará mediante resolución del Director General de Tráfico.

Acceso al permiso de conducir

Por último, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que reforma el Reglamento General de Conductores para incorporar, de manera parcial, la Directiva (UE) 2018/645 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de abril de 2018, relativa a la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de vehículos destinados al transporte de mercancías o de viajeros por carretera, y la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre, sobre el permiso de conducción.

Sus principales puntos son:

•    Se reduce la edad mínima exigible para conducir camiones a los 18 años habiendo aprobado el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) de 280 horas de duración. Hasta ahora la edad establecida eran los 21 años.

•    Se reduce también la edad mínima exigible para conducir autocares a 18 años, pero solo sin pasajeros y en un radio máximo de 50 km. Solo será a partir de los 21 años y con el CAP de 280 horas cuando podrán llevar pasajeros.

•    Ambas modificaciones dan respuesta a la adecuación de la edad para la obtención del permiso de conducir con la edad establecida a la que se puede realizar el CAP. Además, es una petición realizada por el sector de transportes por carretera debido a la escasez de conductores profesionales y abre la posibilidad a los jóvenes de acceder al mercado laboral.

•    Amplía de 3.500 kg a 4.250 kg el peso de las furgonetas que se pueden conducir en territorio nacional con el permiso B para el transporte de mercancías, solamente cuando el incremento de la masa se deba a los nuevos sistemas de propulsión.  Es una medida que favorece el uso de combustibles alternativos no contaminantes

El Real Decreto también introduce algunas mejoras en las pruebas de capacitación necesarias para obtener el permiso de conducción. Entre otras:

•    Especifica los equipos de protección obligatorios que tienen que llevar los aspirantes en las pruebas de destreza y de circulación para la obtención de los permisos de moto.

•    Establece la posibilidad de que, en determinados casos y previa valoración médica y mecánica individualizada, se puedan autorizar el acceso a los permisos de conducción de camiones y autobuses de personas con problemas asociados al sistema locomotor. Los avances en prótesis y vehículos hacen posible que estas personas puedan obtener dichos permisos.

Entradas en vigor

Las modificaciones relativas al Reglamento de Circulación y Vehículos entrarán en vigor el 2 de enero de 2021. No obstante, la modificación del artículo 50 del Reglamento General de Circulación (velocidades en zonas urbanas) entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado para que los ciudadanos los conozcan de forma adecuada y para que las administraciones públicas dispongan de un plazo suficiente para adaptar la señalización.

La obligación de disponer de certificado para la circulación y su identificación, conforme a lo establecido en el Manual de características de los vehículos de movilidad personal, será de aplicación a los veinticuatro meses de la publicación del manual de características de los vehículos de movilidad personal en el “Boletín Oficial del Estado”, tal y como se establece en la disposición transitoria única. Régimen Transitorio del RD

Las modificaciones relativas al Reglamento de Conductores entrarán en vigor al día siguiente de la publicación del Real Decreto en el BOE.

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Miembros del colectivo Sanitarios Necesarios se han desnudado y puesto una bolsa de basura esta mañana de miércoles, 10 de noviembre, frente a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en señal de protesta para reclamar a la Comunidad de Madrid que no deje «desnudos» a sus centros sanitarios para dotar de personal al nuevo Hospital de Emergencias Isabel Zendal.

En un acto al que han asistido el portavoz de Sanidad del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire, la portavoz de Unidas Podemos Izquierda Unida en la cámara madrileña, Isa Serra, y la portavoz de sanidad del mismo grupo parlamentario, Vanessa Lillo, junto a decenas de sanitarios, se ha denunciado que «nos dejasteis desnudos y desnudas en la primera ola de la pandemia, con bolsas de basura como las que hoy nos colocamos como protección ante el virus. Nos maltratasteis y seguís haciéndolo».

«Ahora pretendéis manejarnos como una mera mercancía de aquí para allá, desnudando también los centros sanitarios que ya están mermados de recursos materiales y humanos. Estamos ya en condiciones precarias, sin un mantenimiento adecuado, con servicios de limpieza insuficientes como consecuencia de su politica privatizadora. No lo vamos a consentir», han denunciado.

Añaden que «el Hospital de Emergencias Isabel Zendal no significa más que la continuidad de la destrucción de nuestro sistema sanitario y un engaño para tapar su negligente gestión de la pandemia.  Un hospital que ya en su construcción sobrepasa el doble del presupuesto inicial, por ahora que se conozca 100 millones de euros en ladrillo y hormigón».

«Dinero, que de haber sido invertido en la mejora de las dotaciones y recursos ya existentes, hubiera tenido un mayor y mejor impacto en la salud de las personas, tanto en la gestión de la pandemia actual como a largo plazo en el futuro de nuestra sanidad. Un ejemplo de ello son las varias plantas y una UVI en el Hospital Infanta Leonor, en Vallecas. La no apertura desde su creación, de la 4• torre del Hospital Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes», añaden en su denuncia.

La Comunidad de Madrid es la segunda comunidad autónoma que «mayor porcentaje del gasto sanitario deriva a la contratación en centros privados». «Somos la tercera comunidad que peor paga a sus profesionales. Con ratios profesional/paciente muy inferiores a la media nacional. La Comunidad de Madrid ha ido cerrando en los últimos años un total de 2.966 camas en varios hospitales públicos de la región. Con la puesta en funcionamiento de todas estas camas, unidades y pabellones se supera la capacidad de atención que pretenden vendernos de forma engañosa con estas nuevas instalaciones. De esta forma no seria necesaria la construcción de este costoso hospital con una dotación de 1000 camas, ni la creación, en la primera ola, de IFEMA».

En su comunicado leído esta mañana insisten en que «seguimos con los servicios de Atención Primaria desbordados, sin personal suficiente y sin cobertura de las bajas de muchos profesionales, con la sobrecarga que esto conlleva. La inversión en Atención Primaria respecto al resto de comunidades se encuentra a la cola. Somos la penúltima comunidad con menor número de médicas y médicos de familia por habitante, ratio un 12% menor a la media, elevándose hasta un sangrante 26% esta diferencia en la ratio para las enfermeras madrileñas. Es intolerable que los SUAPs continúen cerrados desde el 22 de marzo, situación que provoca un mayor colapso en los Centros de Salud de todo Madrid».

Para la dotación de personal del nuevo hospital «trasladarán (como ya han anunciado) a trabajadores de otros centros. Maniobra, que además de suponer un nuevo maltrato al trabajador, tendrá terribles consecuencias sobre el paciente. Dejará sin suficiente dotación (escasa ya y bajo mínimos) a numerosos centros de Atención Primaria y Especializada».

aventuran que «la gravedad de todo ello repercutirá directamente en la calidad asistencial, colapsos en los Servicios de Urgencias y un aumento de las listas de espera. No podemos multiplicarnos mas, es preciso nuevas contrataciones ya» y por elloe xigen las dimisiones del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Foto Yayoflautas Madrid.