15 octubre, 2020

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La magistrada titular del Juzgado de lo Penal nº 18 de Madrid ha condenado a 131 controladores aéreos de los aeropuertos de Madrid-Barajas y de Torrejón como responsables en concepto de autores de un delito de abandono de servicio público, en la macrocausa seguida por el caso del cierre del espacio aéreo en diciembre de 2010.

Seis de los procesados han sido condenados a siete meses de multa con cuota diaria de 150 euros; otros seis, a siete meses de multa, a razón de 100 euros y seis más, a diez meses de multa, con una cuota diaria de 100 euros. El resto de los acusados ha sido condenado a cinco meses de multa, a razón de 100 euros. Dos de los acusados, César A. C. y Pedro Pablo A. G. han sido absueltos, el primero por ausencia de prueba en su contra, y el segundo, por haber quedado acreditado a lo largo del juicio que su parte médico de baja laboral respondía a una realidad clínica.

Asimismo, se condena a los acusados a abonar a los perjudicados, de forma conjunta y solidaria, junto con la entidad pública ENAIRE (antes AENA) como responsable civil subsidiaria a la cantidad de 13.076.981,62 de euros. El fallo contempla, además, la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.

A lo largo del plenario, y de la extensa prueba practicada, la magistrada ha concluido que, “en el puente de diciembre del año 2010, los controladores de tránsito aéreo acusados en este procedimiento, adoptaron un mecanismo de presión laboral consistente en abandonar sus puestos de trabajo de forma masiva, paralizando, de esta forma, el tráfico aéreo y ello bajo la dirección de los miembros de la Junta directiva y delegados sindicales del sindicato Usca”.

En el acto del juicio -dice la sentencia- “depusieron los 133 acusados, todos ellos controladores de tránsito aéreo, de los cuales 119 reconocieron haber participado en los hechos contenidos en el escrito de acusación presentado por el Ministerio Público, en el que se recoge que la Junta Directiva y delegados locales del sindicato USCA plantearon el modo de actuar para ejercer presión sobre AENA y el Gobierno de España, acordando que, a partir del turno de tarde del día 3 de diciembre, todos o la mayor parte de los controladores que estuvieran dispuestos a seguir la protesta, firmaran la declaración jurada a que se refiere el art. 34.4 de la Ley de Seguridad Aérea”.

“Así, entre las 17,00 horas y las 17,15 horas (hora local), la totalidad de los controladores, en una acción colectiva y concertada con el fin de paralizar la actividad aeronáutica al margen de cualquier negociación colectiva u otra vía legal, presentaron ante el responsable de la sala dicho documento, escrito de su puño y letra, en el que cada uno a su manera, alegaban una disminución significativa de sus capacidades psicofísicas para desempeñar su puesto de controlador aéreo. La presentación del formulario obligaba, según la citada Ley y el protocolo existente, a la dirección de AENA a la sustitución inmediata de dicho controlador”.

Es decir, que 119 acusados reconocieron en el juicio la acción concertada y colectiva de abandono de los puestos de trabajo, organizada por la Junta Directiva y delegados sindicales de USCA, con la finalidad de paralizar la actividad aeronáutica. Si bien el resto de controladores de tránsito aéreo no reconocieron los hechos, la sentencia diferencia entre aquéllos que presentaron el formulario del art. 34, 4 de la Ley de Seguridad Aérea y los que no entregaron dicho formulario, aunque se ausentaran de sus puestos de trabajo sin justificar su ausencia o acudieran a sus respectivos destinos para controlar lo previsto en el Convenio de Chicago.

“Las manifestaciones vertidas por los acusados en el plenario fueron desmentidas tajantemente –según se recoge en la resolución- con las declaraciones de los distintos testigos que depusieron en el plenario, quienes relataron la secuencia de hechos que se produjo el puente de diciembre del año 2010, tanto en el ACC de Torrejón, como en la Torre del aeropuerto de Barajas, así como con la prueba documental, pericial y audición de las grabaciones en juicio”.

“De la práctica de dicha prueba –prosigue la resolución-, se desprende que los acusados se concertaron con la finalidad de interrumpir el tráfico aéreo, y para ello presentaron en cascada un formulario alegando la disminución de capacidad psicofísica que les impedía, en aras a garantizar la seguridad aérea, continuar en sus respectivos puestos de trabajo, o bien no acudieron a sus puestos de trabajo o si acudieron, se limitaron a controlar los vuelos previstos en el Convenio de Chicago”.

“Asimismo, se desprende de las declaraciones de los testigos que los controladores desplegaron una conducta de presión laboral hacia AENA, y su objetivo consistía en paralizar el tráfico aéreo, objetivo que consiguieron, en unas fechas en las que iba a haber mucho movimiento de pasajeros, pues se trataba del puente más largo del año, el puente de diciembre del año 2010, al proceder a decretarse el Rate 0, tal y como se pudo escuchar en las grabaciones de las conversaciones mantenidas por los acusados. Utilizaron este mecanismo de presión al gobierno, para que no se aprobara el Real Decreto que finalmente se publicó a las 21:26 horas, del día 3 de diciembre de 2010”.

Los hechos relatados por los testigos han permitido a la magistrada llegar a dicha conclusión, “pues como se ha puesto de manifiesto, la actividad legislativa para regular la labor profesional de los controladores aéreos fue incesante en el año 2010, culminando con el RD dictado el mismo 3 de diciembre de 2010, que provocó una gran decepción y disgusto en el colectivo de los controladores, así como el enfado de los mismos contra Aena y el Ministerio de Fomento, lo que pusieron de manifiesto todos los testigos referidos y que declararon a lo largo de tantas sesiones de juicio”.

Y se ha llegado a dicha conclusión, no sólo por las declaraciones prestadas por los testigos que depusieron en el plenario, sino gracias también al resto de la ingente prueba practicada en el plenario.

“Bien es cierto que comparecieron muchos testigos, controladores de tránsito aéreo –se recoge en la sentencia-, quienes declararon en favor de los acusados, e indicaron que los formularios de disminución de capacidad se presentaron con posterioridad a la declaración del Rate 0 por parte de AENA”; si bien, una vez revisadas las declaraciones de dichos testigos, la jueza advirtió “su falta de precisión y de contundencia, así como su ambigüedad al relatar los hechos”.

Queda, por consiguiente, probado que los controladores civiles que tenían asignado el turno de tarde del día 3 de diciembre de 2010, presentaron de forma conjunta el formulario de discapacidad previsto en el art. 34,4 de la LSA, previo a decretarse el Rate 0.

“Ello derivaba de la acción concertada ideada por el colectivo de los controladores como protesta ante la publicación del Real Decreto que afectaría sus condiciones laborales”. Analizando la prueba practicada y centrándose en las escuchas de las grabaciones efectuadas, la jueza entiende que “éstas revelan el carácter premeditado y organizado de la protesta sindical desplegada por los acusados; una acción conjunta consistente en abandonar los puestos de trabajo a través, inicialmente, de la presentación de los formularios de discapacidad, con la finalidad evidente de cerrar el espacio aéreo en España y de esta forma ganar el pulso al gobierno, que iba a modificar ese mismo día 3 de diciembre de 2010 sus condiciones laborales”.

“La actuación de los acusados no solo afectó a los ciudadanos que no pudieron viajar el puente de diciembre del 2010, sino que también se derivaron graves consecuencias económicas para el turismo de la comunidad de Madrid, en uno de los puentes del año con mayor afluencia de viajeros en la ciudad, aunque en el capítulo indemnizatorio no se reclama cantidad alguna por este concepto, a pesar de que fueron numerosas las cancelaciones de reservas de hotel, derivadas de la actuación de los controladores civiles”.

“Ese objetivo buscaban los acusados, provocar el máximo estruendo –continúa la resolución- con dicha acción concertada destinada a la paralización del tráfico aéreo, para conseguir ganar el pulso que echaban al gobierno, al provocar el máximo daño tanto económico contra la empresa como eficaz contra los intereses de la ciudadanía”.

Respecto de la acusación concreta contra César Á. C., cabe señalar que en el juicio negó haber promovido, organizado, ni incitado el abandono colectivo de sus puestos de trabajo por los controladores civiles de tránsito aéreo, pues entre otras cosas manifestó que se hallaba en Asia.

Igualmente, negó haber acudido a las asambleas convocadas tanto en el centro de control de Torrejón, como en el hotel Auditórium, repitiendo que no formaba parte del comité ejecutivo de USCA, ni utilizó sus horas sindicales en el puente de diciembre de 2010, pues estaba de vacaciones.

Así, el acusado negó tajantemente su participación en los hechos que nos ocupan, y frente a su versión exculpatoria, lo cierto es que la jueza manifiesta en la sentencia que “cuenta con escasa prueba que permita deducir que el acusado incitara al colectivo de controladores civiles de tránsito aéreo a abandonar sus puestos de trabajo”.

En la sentencia, la magistrada muestra su extrañeza tras comprobar que, “pese a la monumental prueba practicada a lo largo de tantos meses de celebración de la vista, se haya realizado tan escasa mención a quien, según las acusaciones, figuraba como principal dirigente de la protesta sindical. Ni una pregunta –dice la sentencia- se formuló a los distintos testigos para acreditar la participación activa y eficaz del citado acusado, en los hechos enjuiciados. Sólo al final del plenario, coincidiendo con el visionado de los programas emitidos por televisión, es cuando de nuevo aparece el acusado como portavoz del sindicato explicando la posición de los controladores civiles en el conflicto que mantenían con Aena y el Gobierno, lo que ocurrió con posterioridad a los hechos enjuiciados”.

“Ninguna de las acusaciones ha demostrado que el acusado se concertara con el resto de miembros del comité ejecutivo del sindicato USCA para instigar el abandono colectivo de los puestos de trabajo por los controladores; ni ninguna mención se realizó a lo largo del acto del juicio, ni ninguna prueba se ha practicado que involucre al acusado en la organización de la protesta sindical ilegal”.

“Es decir que no ha quedado acreditado a lo largo del plenario que el acusado fuera inductor del proceso de movilización llevado a cabo por los controladores civiles de tránsito aéreo, y les diera las pautas para que, con fecha 3 de diciembre de 2010, presentaran los formularios de discapacidad a que se ha hecho referencia a lo largo de esta sentencia, de consuno, con la finalidad de paralizar el espacio aéreo español”.

“De nuevo –refiere la magistrada-, debemos hacer referencia al ámbito del derecho penal en el que nos encontramos, e invocar los principios de presunción de inocencia y del principio ‘in dubio pro reo’, y existiendo una clara duda sobre la verdadera intervención del acusado en los hechos enjuiciados, tal y como se describen por las acusaciones, la consecuencia necesaria es que deba dictarse una sentencia en la que se absuelve a César Á. C. del delito por el que compareció en el plenario”.

Contra esta resolución cabe la interposición de recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid en el plazo de diez días.

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A partir del próximo 1 de noviembre, los servicios de controles de acceso, de información y atención en tierra de Renfe Viajeros y la venta de billetes de las estaciones de Cercanías de Madrid, entre otros, que en la actualidad están siendo gestionados por las empresas privadas INTERSERVE, FERROVIAL y ACCIONA, pasarán a depender de una nueva empresa adjudicataria: la empresa pública ferroviaria LOGIRAIL SME S.A.

Así lo ha informado el sindicato CCOO en un comunicado, denunciando que «esta noticia, que, a priori, podría parecer que cumple con las expectativas que viene reivindicando CCOO -la internalización de las cargas de trabajo de las empresas públicas ferroviarias-, se ha convertido en un dardo envenenado, porque, paradójicamente, lejos de suponer creación de empleo de calidad, como esta organización sindical defiende, va a conllevar mayor precariedad para las trabajadoras y trabajadores afectados por este cambio de empresa».

Hasta ahora, las empresas privadas estaban obligadas a aplicar el convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios; sin embargo, LOGIRAIL «pretende aplicar su convenio colectivo de empresa sin haber negociado con la representación de esta plantilla que ahora se ve afectada».

Este convenio colectivo de empresa, expone CCOO, «modifica notablemente las condiciones laborales actuales en detrimento de los derechos de las personas afectadas por la transmisión, pues en el proceso que se está llevando a cabo para ello no utilizan la subrogación establecida en el convenio sectorial, sino que se amparan en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, siendo este último subsidiario del convenio sectorial».

Para el sindicato «esta es una consecuencia más de la nefasta reforma laboral del PP y algunos directivos de empresas públicas nombrados por el PSOE aprovechan para hacer sus pinitos empresariales, utilizando la prevalencia del convenio de empresa por encima del convenio sectorial, un escenario conflictivo que hoy no sería posible de haberse llevado a cabo las promesas electorales de algún partido del Gobierno».

Desde CCOO «hemos defendido, y lo seguiremos haciendo, que la empresa pública desarrolle estas actividades, pero nunca perjudicando a los trabajadores y trabajadoras en sus derechos: el empleo público debe caracterizarse por unas condiciones dignas y de calidad».

Por estos motivos, CCOO convocará una jornada de huelga de 24 horas para el día 30 de octubre en los servicios afectados por este cambio de titularidad de la gestión de la actividad, cuyo objetivo es «exigir que los más de 1.200 trabajadores y trabajadoras afectadas mantengan tanto el convenio colectivo sectorial actual de aplicación –el IV Convenio Colectivo Sectorial Estatal de Servicios Externos Auxiliares y Atención al Cliente en empresas de Servicios Ferroviarios- como todas las condiciones laborales, y que Renfe Viajeros, como empresa titular, y LOGIRAIL SME S.A. cumplan como empresas públicas con los derechos laborales y eviten de este modo que la conflictividad tenga que prolongarse si se vulneran los derechos que tanto han costado conseguir para un colectivo joven que desarrolla un trabajo necesario para la actividad ferroviaria y el mantenimiento de un servicio público esencial.»

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La Fiscalía Provincial de Madrid ha decretado el archivo de las diligencias de investigación abiertas el pasado 3 de abril a raíz de una denuncia presentada por la Asociación el Defensor del paciente contra una residencia de Madrid en el que fallecieron 23 personas como consecuencia del COVID-19 para que dilucidara la responsabilidad de la entidad en los fallecimientos. El representante del Ministerio Público aduce que no aprecia en la denuncia hechos con “relevancia penal”.

Como paso previo al decreto de archivo, la Fiscalía procedió a recabar informes y documentación relativos al caso tanto en la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad como a la directora de la residencia. Al mismo tiempo instó a la geriatra de referencia de las residencias de Madrid para que redactase un informe sobre los criterios de naturaleza médica, clínica o asistencial “que hubieran determinado la decisión sobre las derivaciones sanitarias en las fechas de los hechos”.

La Consejería explicó que, a fecha 18 de mayo de 2020, en la residencia denunciada se contabilizaban 38 usuarios fallecidos, de los que 7 habían sido derivados a un centro hospitalario, teniendo certeza de que, de los 31 fallecidos en la residencia, uno de ellos estaba contagiado de COVID-19, mientras que otros 28 presentaban sintomatología compatible con esa enfermedad.

En su informe relataba que el primer caso sospechoso de COVID-19 se detectó el 8 de marzo, momento en el que se informó a los familiares de los residentes y se comenzó a articular un mecanismo de coordinación con las autoridades responsables. Fue a partir de ahí, “en cumplimiento de las pautas que iban recibiendo”, cuando se procedió a elaborar protocolos de intervención a los pacientes con sospecha de haber contraído la enfermedad y a habilitar espacios seguros. Primero se acometió el aislamiento en áreas específicas para más tarde suspender las actividades comunes y  suprimir las visitas. “A medida que la situación avanzaba, se dispusieron nuevas medidas, se realizaron desinfecciones, requiriendo la colaboración de la UME cuando fue preciso, y se siguieron los protocolos sanitarios para los casos de fallecimiento en residencia”, alegó la Consejería.

El informe sostiene también que los responsables de la residencia proveyeron a su personal de los equipos de protección individual en cuanto estuvieron disponibles. Incluso detalla que en los momentos más críticos de la crisis sanitaria, cada trabajador dispuso de una mascarilla FFP2 a la semana, 2 mascarillas quirúrgicas al día, 1 bata 1 par de calza y un gorro al día. Pese a las bajas por contagios, la Consejería subraya que en la residencia denunciada se realizaron diversas contrataciones lo que permitió que se mantuvieran en los rangos normales de personal por número de residentes. Añade incluso que, en relación con los residentes que presentaban síntomas de COVID-19, los responsables de la residencia denunciada siguieron los criterios recibidos por parte de las autoridades competentes, consistentes en mantener una relación constante con su centro hospitalario de referencia.

La Fiscalía responde en primer lugar al denunciante que no especifica las personas físicas a quienes considera responsables y que, por tanto, los delitos que imputa de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y denegación de asistencia médica “no están contemplados entre los que puede cometer una persona jurídica”. Además, aduce que la residencia “como tal” carecería de responsabilidad penal, “sin perjuicio de la posible responsabilidad civil que en su caso le pudiera corresponder”.

Homicidio imprudente

El tipo objetivo del delito de homicidio imprudente viene integrado por una acción u omisión cuyo desvalor radica en la infracción del deber objetivo de cuidado normalmente exigido, y un resultado que debe ser consecuencia del comportamiento calificado como imprudente, que debe ser evitable desde una conducta observante de la norma objetiva de cuidado. En este caso, se parte de la base de que la residencia denunciada venía cumpliendo con estas obligaciones con anterioridad a la situación de pandemia y que, por tanto, lo que se ha de dilucidar “es si ante la crisis sanitaria producida desde el mes de marzo de 2020 en nuestro país, continuó cumpliendo adecuadamente su papel de garante o por el contrario su actuar supuso una infracción de su deber jurídico de cuidado determinante en el resultado producido”.

Así, recuerda tras la declaración de pandemia en las Administraciones Públicas competentes se detectó “una falta generalizada de ciertos materiales sanitarios y de equipos de protección, así como en la saturación de los servicios médicos tanto de asistencia primaria como hospitalaria, adoptaron una serie de resoluciones que trataron de adaptar el marco normativo a la situación, suponiendo de facto cambios de criterio en algunos aspectos y la impartición de instrucciones y directrices que determinaron a su vez nuevas obligaciones para las residencias de ancianos”.

El decreto de archivo hace, además, un repaso a las medidas de prevención, aspectos organizativos, comunicación con los familiares, gestión de los fallecimientos o a la adaptación de la gestión ordinaria de la residencia a las instrucciones recibidas de la Administración competente. La conclusión es la siguiente: “A la vista de todo lo expuesto, puede concluirse que la actuación de la residencia se ajustó a su deber jurídico de garante en las especiales circunstancias en que se produjo la situación de riesgo, sin que se aprecie una actuación concreta cuya voluntaria omisión haya sido determinante para el resultado finalmente producido. Si bien es cierto que la actuación pudo haber sido diferente en caso de no habernos encontrado inmersos en una pandemia, en ese contexto se adecuó a lo que le era jurídicamente exigible, por lo que no se observan indicios de la comisión de un delito de homicidio imprudente en relación con su gestión general para con los residentes”.

Omisión del deber de socorro

El delito viene constituido por una conducta omisiva sobre el deber de socorrer a una persona desamparada y en peligro manifiesto y grave, y una culpabilidad constituida no solamente por la conciencia del desamparo de la víctima y la necesidad de auxilio, sino además por la posibilidad del deber de actuar. La Fiscalía afirma que “de la documentación recabada” se desprende que la residencia denunciada “no hizo una dejación de su deber de cuidado y asistencia médica para con sus residentes, sino que, como se ha analizado al desgranar el tipo penal del homicidio imprudente, adecuó su proceder al marco normativo y a la realidad material a la que se enfrentaba en el momento de los hechos”.

Al mismo tiempo el decreto de archivo descarta la existencia de una voluntad de omitir otros cuidados siendo “consciente” de que ello podría determinar la muerte de sus residentes, “y, mucho menos, atribuirle la finalidad de buscar el resultado”. Por el contrario, la Fiscalía argumenta que “del análisis de los planes y actuaciones diseñados y llevados a cabo en esas fechas por los responsables de la residencia denunciada, de sus constantes peticiones de ayuda y de su permanente contacto con los responsables hospitalarios de referencia para el adecuado tratamiento de sus residentes, se desprende su voluntad de intervenir para evitar los resultados lesivos que, lamentablemente y por causas que excedían de su ámbito de dominio, no pudieron en parte impedirse”.

Denegación asistencia sanitaria

La Fiscalía asegura que la falta de responsabilidad penal en los responsables y trabajadores de la residencia resulta “especialmente aplicable” al personal sanitario que “se esforzó en la medida de sus posibilidades para evitar tanto los contagios como la evolución médica desfavorable de los pacientes y, desde luego, su muerte”. Y es que el decreto de archivo recalca que “en todo momento” se siguieron las directrices para el seguimiento y derivaciones de pacientes en el contexto epidemiológico subyacente, y se aplicaron los tratamientos médicos prescritos al efecto, “por lo que no cabe hablar de omisión”. Tampoco aprecia el Ministerio Público evidencias de que un tratamiento con hidroxicloroquina, como reclama la denunciante, hubiera conllevado otro resultado, “máxime cuando las opiniones médicas sobre la efectividad de los distintos tratamientos probados contra el COVID-19 han ido variando en los meses en los que se ha sucedido la pandemia”.

Así las cosas, el escrito concluye que “no se observan elementos suficientes para interponer denuncia por un posible delito de denegación de asistencia médica, previsto y penado en el artículo 196 del Código Penal, toda vez que éste constituye un tipo penal de omisión del deber de socorro agravado por razón de la condición de sanitario del sujeto activo, por lo que requiere la acreditación de todos los elementos mencionados en el apartado anterior de este Decreto”.