23 junio, 2019

• En el Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética, la FRAVM volverá a reclamar el cumplimiento del principio de precaución ante tecnologías que provocan este tipo de polución.
• «Llama la atención que la 5G comience a extenderse sin que se haya realizado una evaluación de impacto en la salud, como prescribe la Ley General de Salud Pública», inciden.

Este lunes, 24 de junio, ante la celebración del Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) impulsa una nueva concentración ante el Ministerio de Sanidad para solicitar una moratoria a la implantación de la tecnología 5G.

En la protesta, que comenzará a las 19:00 ante el número 18 del Paseo del Prado de Madrid, las entidades vecinales volverán a pedir que, «por el bien de nuestra salud y de la de nuestros hijos e hijas y aquellas personas más vulnerables, las administraciones aplacen su generalización y en la regulación de las fuentes emisoras de electromagnetismo apliquen siempre el Principio de Precaución».

La tecnología de 5ª generación (el 5G) ya está aquí. Gracias al impulso de grandes compañías de telefonía como Vodafone, que la venden como una “auténtica revolución” para la conectividad, ha comenzado a expandirse en todo el mundo.

Sin embargo “llama la atención que, a pesar de los riesgos evidentes que conlleva esta tecnología no haya sido sometida a un estudio de impacto en la salud, como prescribe la Ley General de Salud Pública respecto a los campos electromagnéticos (CEM), lo cual revela una mayor preocupación de los poderes públicos por la conectividad digital y su introducción en el mercado que por la salud de las personas”, sostiene la Comisión de Antenas de Telefonía y Contaminación Electromagnética de la FRAVM.

Las asociaciones vecinales no entienden como «una tecnología que produce una potencia mil veces mayor que la actual no ha sido aún adecuadamente estudiada en términos de afección en el cuerpo humano, a pesar de las recomendaciones de buena parte de la comunidad científica».

En una carta remitida a la Comisión Europea en septiembre de 2017, 180 médicos y científicos de 36 países, además de demandar una moratoria a la implantación de la 5G por sus posibles efectos negativos en la salud, solicitaron que los instrumentos que producen ondas electromagnéticas emitan con la mínima potencia imprescindible, que es la que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa recomienda como umbral de protección de las personas en su Resolución 1815 de 2011.

Literalmente, este texto instaba a los estados a «tomar todas las medidas razonables para reducir la exposición a los campos electromagnéticos, especialmente a las radiofrecuencias emitidas por los teléfonos móviles, y en particular la exposición en niños y jóvenes”, así como “la aplicación del principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable), es decir, el nivel tan bajo como sea razonablemente posible, teniendo en cuenta no sólo los llamados efectos térmicos, sino también los efectos atérmicos [no térmicos] o biológicos de la emisión o radiación de campos electromagnéticos» y «mejorar los criterios de evaluación de riesgos y la calidad de la evaluación mediante la creación de una escala estándar de riesgos».

Posteriormente, el año pasado más de 100.000 personas, entre las que se encuentran investigadores, médicos y asociaciones de 187 países firmaron un nuevo llamamiento científico en el que piden a la OMS y a la ONU que frenen la implantación de la 5G hasta que quede demostrada su inocuidad.

Al margen de la comunidad científica y médica, en los últimos tiempos se han constituido más de 150 movimientos en todo el mundo que reclaman esta moratoria. En España, uno de sus baluartes es la Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética, en la que participa la FRAVM desde su creación. Hace más de un año esta red de organizaciones vecinales, ecologistas y de defensa de la salud ya alertó de que el Plan Nacional del 5G «se iba a poner en marcha sin cumplir los requisitos legales y, desde luego sin que se hubiera realizado una evaluación de impacto sobre la salud, algo que aún estamos esperando».

Por todo lo anterior, la FRAVM llama a concentrarse el próximo lunes ante el Ministerio de Sanidad, al que reclama que «decrete una moratoria a la implantación de esta nueva tecnología hasta conocer si tiene efectos perjudiciales para la salud de las plantas, los animales y los seres humanos».

• Los agentes han desarticulado dos organizaciones criminales, una de origen colombiano y otra británica, que se habían unido para compartir logística y traficar con la droga a escala internacional.
• Hay 16 personas detenidas en Madrid, Barcelona, Málaga y Reino Unido, y se ha intervenido más de una tonelada de cocaína que iba a ser distribuida en España y Reino Unido.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con autoridades policiales y judiciales de Estados Unidos, Colombia y Gran Bretaña, han desarticulado dos organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico de cocaína a escala internacional.

Los agentes han detenido a 16 personas en Madrid (9), Barcelona (2), Málaga (2) y Reino Unido (3), y han intervenido más de una tonelada de cocaína que iba a ser distribuida en España y Reino Unido.

Las organizaciones criminales, una de origen colombiano y otra británica, se habían unido para compartir logística, si bien mantenían sus estrcuturas separadas. Además, los agentes han detectado sofisticados sistemas electromecánicos de ocultación de la cocaína en los vehículos que utilizaban para transportarla.

La investigación se inició el pasado mes de julio de 2018 cuando la Policía Nacional, fruto del permanente intercambio de información internacional, tuvo conocimiento de la llegada a nuestro país de uno de los representantes más destacados de un grupo de narcotraficantes colombianos. Este individuo, presuntamente, estaba ultimando los preparativos para hacer llegar una importante cantidad de cocaína a España.

La investigación permitió comprobar cómo esta persona, de origen colombiano, contaba con los contactos y la infraestructura necesaria en España para hacer llegar la sustancia estupefaciente a nuestro país. Junto a él, dos de los máximos responsables viajaron hasta distintas ciudades de la provincia de Pontevedra para negociar una posible vía de entrada del estupefaciente.

Poco después, a principios del mes de agosto del pasado año, se detectó nuevamente la presencia del líder del grupo en Pontevedra, esta vez acompañado de otra persona que se había establecido como delegado de otro grupo –británico- que había constituido una sociedad criminal con el grupo del investigado para aprovisionar de cocaína su país.

Dos organizaciones criminales diferentes que compartían logística

Es a partir de la aparición de este sujeto británico cuando comenzó la investigación conjunta con el N.C.A y el South East Regional Organised Crime Unit de Gran Bretaña, ya que contaban con referencias sobre su vinculación con el crimen organizado y el tráfico ilegal de estupefacientes en su país de origen.

Al parecer, los dos grupos se habían unido para compartir logística pero manteniendo claramente separadas sus estructuras. De este modo, se pudo detectar cómo el procedente de Reino Unido contaba con varios colaboradores que protegían una vivienda de seguridad que habían alquilado en la localidad de Villaviciosa de Odón (Madrid).

Las estrategias de los dos grupos eran muy diferentes. El líder de los colombianos únicamente viajaba a España para coordinar la llegada y entrega de la droga a sus clientes, mientras que el británico, sin embargo, se encarga de preparar y coordinar toda la recepción y posterior distribución de la parte correspondiente a su grupo.

Detenidos de ambas organizaciones

Los movimientos de los investigados se intensificaron al aproximarse la fecha de llegada del estupefaciente, detectando los agentes cómo, desde mediados del mes de abril de 2019, los integrantes del grupo colombiano llegaban a la capital madrileña para alojarse en distintos hoteles de lujo con el fin de no levantar sospecha sobre los verdaderos fines de su viaje.

Finalmente, los investigados acordaron que la entrega de la droga se realizaría en un área comercial de Leganés (Madrid). Una vez que la droga estuvo en poder del grupo del británico los agentes detuvieron a los ocupantes de los vehículos e intervinieron los automóviles. Al mismo tiempo, en la ciudades británicas de Londres, Windsor y Dorset se procedía a la detención de los miembros de la organización que controlaban la operación desde aquel país.

En cuanto a la organización colombiana, a pesar de que el acuerdo alcanzado con los hombres que almacenaban la droga estaba cerrado, mantuvo estrictas medidas de seguridad en torno al lugar de la entrega. Una vez comprobado que el parking se hallaba despejado y libre de control policial, el jefe de la organización ordenó a sus hombres que trasladasen la cocaína hasta el lugar fijado.

En ese momento, los agentes detuvieron a todos los miembros del grupo criminal, y comprobaron que la furgoneta que conducían almacenaba una muy importante cantidad de cocaína. Por último, los agentes invervinieron 100.000 euros y 10 kilogramos de cocaína en el domicilio del chófer de uno de los responsables de la organización.

Un novedoso sistema para la ocultación de la droga

Los investigados habían diseñado un novedoso sistema para la ocultación de la droga, instalado en un doble fondo del maletero y en los bajos del vehículo, que se activaba por un complejo sistema de imanes que impulsaba un sistema hidráulico para levantar la base del maletero tras la que se escondía el estupefaciente.

En esta operación han sido detenidas nueve personas en Madrid, dos en Barcelona, otros dos en Málaga y tres en Reino Unido; y se han intervenido 1.044 kilogramos de cocaína, 3 pistolas, 100.000 euros, 6 vehículos y decenas de blackphones.