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Carabanchel sale de nuevo este martes a la calle para reclamar los tres centros de salud prometidos hace 16 años

Gacetín Madrid

El pasado 26 de febrero, varios centenares de personas, vecinos de Carabanchel, se manifestaron desde la plaza de Oporto hasta la Glorieta de Marqués de Vadillo para reclamar la construcción de tres centros de salud en la zona de Carabanchel Bajo. Este martes, 25 de marzo, exactamente un mes después de la marcha, vuelven a sacar su protesta a la calle con una concentración en este último lugar que comenzará a las 19:00 horas.

“Desde la manifestación nadie ha movido ficha, nadie ha hecho nada, así que no nos queda otra que protestar de nuevo. Ya es hora de que la Comunidad cumpla con lo que se ha comprometido; llevamos 16 años esperando”, indica Elena Sigüenza, de la Coordinadora de Asociaciones de Carabanchel, red vecinal que impulsa la concentración.

En el marco del plan de inversiones 2016-2019, la Comunidad de Madrid aprobó la construcción de los centros de salud de Comillas, Abrantes y Quince de Mayo, en Carabanchel Bajo, una actuación que calificó de “alta prioridad”. Después de tres largos años, la vecindad no ha visto una sola piedra.

El pasado mes de diciembre y a preguntas del diputado del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid Rafael José Vélez, el Gobierno regional indicó que el Centro de Salud de San Isidro-Quince de Mayo “se encuentra dentro de las necesidades de nuevos centros de Atención Primaria y se está trabajando para que próximamente se ejecute y sea una realidad”.

De los tres equipamientos comprometidos, este es el que se halla en la fase más avanzada, pues ya tiene su “proyecto básico y de ejecución de obra” y cuenta con un informe favorable de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid. Para su ejecución, el Ayuntamiento ha transferido una parcela que se encuentra en la calle Comuneros de Castilla, 30.

Los otros dos centros carecen aún de proyecto, y el de Comillas incluso de terreno sobre el que cimentarse. “Durante el ejercicio 2019 se procederá a la licitación, contratación, redacción y supervisión del proyecto básico y de ejecución del nuevo centro de salud, para lo cual existe dotación presupuestaria en el anteproyecto de presupuestos de 2019”, aseguró el Gobierno regional en diciembre al referirse a los retrasos en la construcción del CS de Abrantes, que de igual forma se levantará en un terreno cedido por el Consistorio.

Por último, la Comunidad de Madrid ha rechazado la parcela propuesta por el Ayuntamiento para edificar el Centro de Salud de Comillas, al entender que sus 1.814 metros cuadrados son insuficientes “para las necesidades recogidas en el Programa Funcional de nuevo centro”. Al despreciar el terreno que iba a ser transferido, que se halla en el número 22 de la calle Antonio Leyva esquina calle de la Verdad, el proceso de construcción del CS de Comillas vuelve a la casilla de salida.

En 2003, la FRAVM y el Ayuntamiento de Madrid firmaron un Plan Especial de Inversiones para Carabanchel que incluía el acuerdo de cesión a la Comunidad de Madrid de tres parcelas para construir otros tantos centros de salud. Dos años después, el Consistorio cedió un cuarto solar en la zona del PAU de Carabanchel.

Desde entonces, a pesar del compromiso del Gobierno regional de usar los terrenos para ese fin, solo ha abierto el Centro de Salud de Carabanchel Alto, mientras buena parte de la vecindad del distrito se ve obligada a recibir Atención Primaria en un centro de salud de Arganzuela, el Paseo Imperial, y en tres precarios espacios ubicados en locales comerciales de Carabanchel Bajo.

Este hecho afecta a más de 78.000 habitantes del distrito, de los cuales 11.000 están adscritos al equipamiento de Arganzuela y el resto se reparte entre los centros temporales de Abrantes, Comillas y Quince de Mayo. Las asociaciones vecinales llevan 16 años reclamando que estos tres últimos, hoy obsoletos y saturados, sean reemplazados por centros de salud modernos y adecuadamente equipados. Todos los grupos políticos con representación apoyan esta vieja reivindicación vecinal, pero el Ejecutivo autonómico no parece tener mucha prisa en hacerla realidad.

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