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La Fiscalía de Madrid pide 8 años de cárcel para un acusado de fabricación y tráfico de armas de guerra

Gacetín Madrid

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, celebra este miércoles, día 31 de octubre, a partir de las 10:00 horas, la vista oral del juicio contra Juan Manuel S. Q. por la supuesta comisión de un delito de tráfico de armas de guerra, otro de fabricación ilícita de armas de guerra y otro de depósito de armas y municiones de guerra. El Ministerio Público solicita para él una pena de ocho años de prisión, además de la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un tiempo de once años.

Tal y como consta en el informe provisional de calificación del fiscal, el procesado, Brigada del Ejército de Tierra, contraviniendo a la legislación vigente y con el ánimo ilícito de enriquecerse, adquirió, tanto de particulares, como de armerías de Estados Unidos, Bélgica, Austria y Alemania, entre otros países, un elevado número de municiones, armas inutilizadas, cañones y otras piezas similares.

Una vez recibidas, procedía a su rehabilitación, ensamblaje y fabricación ilícita de armas de fuego completas, empleando sus diferentes piezas para destinarlas al tráfico ilícito.

El procesado no regentaba ningún establecimiento legalmente autorizado para la compraventa y/o reparación de armas de fuego y sus piezas, y carecía de la correspondiente condición de ‘armero’, exigida por el artículo 10º del Reglamento de Armas en vigor para fabricar, reparar o comerciar legalmente con armas de fuego y sus piezas fundamentales.

Entre las piezas fundamentales se encontraban cañones, conjuntos de cierre, correderas, un cajón de mecanismos y los complementos necesarios para rehabilitar armas de fuego, principalmente para fusiles de asalto y pistolas.

Los investigadores apuntan que Juan Manuel habría invertido una cantidad aproximada de 100.000 euros en la compra de piezas fundamentales y en su domicilio, en el momento de su registro, los agentes localizaron 4.000 euros en billetes de 50 euros y 2.800 dólares USA, que el acusado habría obtenido en el ejercicio de su ilícita actividad.

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