por Carmen Alemany Panadero
En el Centro he atendido a muchas familias cuyos hijos presentaban dificultades de aprendizaje. Se trata de niños/as que sin presentar discapacidad cognitiva, muestran dificultades en la adquisición de los aprendizajes escolares. Este alumnado no está reconocido como alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE), por lo que quedan fuera de la mayoría de los servicios de apoyo. No tienen discapacidad, pero tienen limitaciones en el aprendizaje, y necesitan unos apoyos que no reciben. Están en tierra de nadie.
Dificultades para la evaluación e identificación del trastorno
Las familias de los afectados explican que los Equipos de Orientación Educativa y Pedagógica (EOEP) no evalúan a sus hijos salvo que acumulen dos años de desfase académico. Esto impide que muchos alumnos sean evaluados y obtengan un informe psicopedagógico. Al no disponer del informe, no pueden solicitar las adaptaciones a las que tienen derecho según la normativa ni las becas del Ministerio de Educación.
La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid argumenta que la evaluación psicopedagógica la puede realizar también el propio centro educativo. Pero muchos colegios se muestran reacios a realizarlas. Las razones son diversas: por no disponer de orientador propio, depender del orientador del EOEP, o porque de confirmarse que el alumno padece dificultades de aprendizaje, ello les obligaría a realizar adaptaciones. Los colegios alegan “falta de recursos” para atender las necesidades de este alumnado. Sin embargo, las adaptaciones son sencillas, y no requieren grandes recursos materiales ni económicos, sino que más bien es cuestión de voluntad. Recientemente hablaba con una maestra de Educación Primaria que me dijo que ella sí realiza adaptaciones curriculares a sus alumnos, y que nadie le proporciona recursos para elaborarlas. El recurso es ella misma, la profesional.
En los institutos de Educación Secundaria de Madrid, los orientadores sí evalúan a los alumnos que lo precisan, al menos en teoría, pero las listas de espera son superiores a un año.
La falta de programas públicos de intervención
Aún más difícil es acceder a una intervención asequible económicamente. El sistema educativo no ofrece intervención psicopedagógica. En la mayoría de los casos, estos alumnos no tienen acceso a los servicios de Pedagogía Terapéutica (PT) o Audición y Lenguaje (AL) por no estar reconocidos como alumnos con NEE. Existen servicios especializados en centros privados, pero el coste es elevado y nuestras familias usuarias no disponen de recursos suficientes. Una terapia con un logopeda o psicopedagogo, a razón de dos sesiones semanales, puede costar 250–300 € mensuales. Eso suponiendo que únicamente se requiera un profesional y no la combinación de ambos. En este último caso, la factura ascendería a 500–600 € al mes. Y hay familias que tienen más de un hijo afectado, al tratarse de trastornos que tienen una base genética. En este caso, los costes se multiplican.
Muchas familias se encuentran completamente solas, y atrapadas entre las importantes dificultades de sus hijos, la imposibilidad de obtener ayuda, y la total indiferencia del sistema educativo. Las dificultades de aprendizaje son causa frecuente de fracaso escolar o abandono prematuro de las aulas (Martínez Zamora et al, 2009).
En el sistema sanitario público, los niños/as con dificultades de aprendizaje pueden recibir una anamnesis, un diagnóstico clínico, y entrevistas de seguimiento con el neuropediatra y/o psiquiatra. Pero no ofrecen intervención psicoeducativa ni logopédica. Si se deriva al psicólogo, la intensidad del servicio es muy limitada (una sesión cada tres meses en Madrid). Tras realizar una consulta al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) me confirman que los pacientes con dislexia están excluidos del tratamiento logopédico público. Tampoco disponen de terapias psicoeducativas para el resto de trastornos. El acceso a las terapias finalmente depende de la capacidad económica de la familia.
El riesgo de las pseudoterapias
También existen personas que sacan tajada de la desgracia ajena, ofreciendo terapias pseudocientíficas a familias desesperadas. He observado que algunos centros privados e incluso alguna conocida fundación ofrecen terapias sin aval científico, basadas en estudios de baja calidad y con elevados precios. Pese a la necesidad de reconocer la libertad de elección de las familias, muchas están siendo engañadas por personas que sacan provecho de su angustia. Estas pseudoterapias incluyen la terapia de movimientos rítmicos, las lentes tintadas, el entrenamiento visual optométrico, la integración auditiva, el entrenamiento perceptivo-motor, la osteopatía craneal, la integración sensorial, el método Davis, el neurofeedback, los métodos Tomatis, Bérard y Sena, y las dietas y suplementos alimenticios.
Existe investigación de calidad que cuestiona la eficacia de estas terapias. Profesionales de prestigio como Gerardo Aguado y Juan Cruz Ripoll (2016) han publicado un estudio que alerta sobre estas prácticas. También lo han hecho en un informe conjunto la Academia Americana de Pediatría, el Consejo de Niños con Discapacidades, la Academia Americana de Oftalmología y la Asociación Americana de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo. La Asociación Americana de Terapia de Lenguaje advirtió en 2003 que los profesionales que promoviesen estas terapias corrían el riesgo de estar violando su código ético. El neuropediatra Raúl Calderón (2001) en su estudio afirma que estas familias son vulnerables ante cualquier promesa de solución, y desmonta una a una algunas de estas pseudoterapias. El maestro y psicopedagogo Juan Cruz Ripoll analiza la falta de evidencias científicas de la terapia visual; Keith Hyatt publica un interesante informe sobre la ineficacia de la terapia de integración sensorial, las lentes de colores y la terapia propioperceptual. El neurobiólogo Jose Ramón Alonso, se muestra muy crítico con el uso de las terapias auditivas (un “mito” con “capacidad para desplumar a incautos”).
En el mejor de los casos, estas terapias son ineficaces, y “sólo” implicarían una pérdida económica para las familias. Más preocupante es cuando las familias abandonan terapias validadas y optan por pseudoterapias, en cuyo caso el perjuicio lo sufre el desarrollo de sus hijos. En el peor de los casos, algunas prácticas pueden entrañar riesgos directos y graves para la salud.
Puede que algunas terapias que hoy se consideran “alternativas”, con el tiempo y con la investigación lleguen a validarse y dejen de serlo. Pero entre tanto, hemos de ser precavidos. Estas terapias son un lucrativo negocio que mueve cientos de miles de euros sin tener validez científica. Las dificultades de aprendizaje son complejas, no tienen una solución simple ni rápida, y las familias tienen que saberlo. El engaño les puede vaciar los bolsillos y hacerles perder un tiempo valiosísimo de intervención con sus hijos en las edades de mayor plasticidad cerebral. Ante la duda, siempre es bueno consultar a más de un profesional y confiar en terapias validadas.
Educación inclusiva
Es imprescindible mejorar el abordaje de las dificultades específicas de aprendizaje en el sistema educativo. Para ello sería importante realizar un análisis con la participación de la Administración, los profesionales y las familias afectadas, con el fin de consensuar medidas y protocolos. Entre estas medidas podrían encontrarse la formación específica del profesorado, el acceso de estos alumnos a los especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje cuando lo precisen, el empleo de metodologías inclusivas en el aula, la realización de adaptaciones metodológicas cuando sea necesario, y el aumento de la plantilla de orientadores y maestros especialistas en PT y AL para poder cubrir las necesidades reales.
No se puede depositar en las familias todo el peso de dar apoyo educativo a sus hijos, aprender técnicas para ayudarles ellos mismos en casa y financiar de su bolsillo (si pueden) la intervención profesional privada. La colaboración del centro educativo es imprescindible. El riesgo de fracaso escolar y abandono escolar prematuro, y las consecuencias que afrontan estos estudiantes en su salud mental y autoestima justifican la necesidad de actuar.
