El pasado lunes, 21 de mayo, el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) aprobó una modificación del presupuesto, correspondiente al ejercicio 2018, para su inclusión en el Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid. Al realizar esta modificación en el Presupuesto, el Ayuntamiento de Madrid podrá efectuar una aportación económica a la EMVS, lo que le posibilitará amortizar y dejar a cero toda la deuda que tiene actualmente.

Para ello la EMVS recibirá subvenciones de capital por importe de 138.456.829 € que destinará a cancelar toda la deuda que mantiene con entidades financieras, proveniente principalmente de deudas hipotecarias contraídas en etapas anteriores. La cancelación de esta deuda supone para la empresa un ahorro en gastos financieros de más de 30 millones de euros (30.474.979 €), intereses que la ciudad de Madrid tendría que haber pagado desde el 2019 hasta el año 2040, momento en el que finalizaría la amortización de estos préstamos.

Además, este ahorro va a devolver a la EMVS a una situación de equilibrio financiero que no se producía desde hace más de 20 años, con el consiguiente aumento de presupuesto que se sumará a los 390 millones previstos inicialmente para la construcción de nuevas viviendas públicas en alquiler.

Francisco López, consejero delegado de la Empresa, ha manifestado su satisfacción por sanear las cuentas y poder dedicar todos sus esfuerzos a generar nuevo patrimonio para ponerlo al servicio de la población madrileña. En este sentido ha señalado que “cuando llegamos nos encontramos una empresa en quiebra, sin liquidez, sin patrimonio y  sin capacidad para generarlo, porque los gobiernos de Gallardón y Botella centrifugaron  euda del Ayuntamiento a la EMVS, mientras que Carmena ha apostado por ella, inyectando una importante suma de dinero y los suelos municipales necesarios para reactivar la empresa”.

En tan solo 4 años, el patrimonio neto de la Empresa ha pasado de los 160 millones de euros a superar en la actualidad los 550 millones de euros. Y es que, a principios de legislatura, era una empresa prácticamente en quiebra, con una deuda que superaba los 360 millones de euros (217.812.016 € a entidades financieras y  149.131.915€ a otros acreedores).