23 agosto, 2017

• “La interpretación que hace el Gobierno de la regla de gasto no es una garantía de estabilidad presupuestaria sino un lastre para el desarrollo y el crecimiento económico que garantice una salida efectiva y sostenible de la crisis” denuncia la concejala socialista Erika Rodríguez.
• El PSOE denuncia «la incoherencia del Gobierno y del Grupo Municipal del PP», que reclaman ·por una parte eficiencia en el gasto público y por otra ponen todo tipo de obstáculos para el aprovechamiento de los recursos presupuestarios». “El PP votó a favor de algunos de estos acuerdos en el Pleno. Deben muchas explicaciones a los ciudadanos”.
• La concejala socialista ha insistido en que su grupo rechazará con todos los medios a su alcance la imposición de medidas “injustas y desproporcionadas” que obliguen a efectuar recortes sociales.

La portavoz del PSOE en Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Érika Rodríguez, ha denunciado que los requerimientos de la Delegación de Gobierno para anular los acuerdos plenarios que daban cumplimiento a las exigencias del Ministerio de Hacienda en cuanto a estabilidad presupuestaria, suponen “una aplicación desproporcionada e injusta de la regla de gasto, que no es garantía de estabilidad presupuestaria sino un lastre para el desarrollo y para la puesta en marcha de políticas sociales que estimulen un crecimiento económico inclusivo y sostenible que de verdad permita dar por superada la crisis económica y sus consecuencias en la vida de muchos madrileños y madrileñas”.

El Grupo Socialista lamenta que estos nuevos requerimientos son una más de toda una serie de medidas “inauditas” que buscan «desestabilizar un Ayuntamiento que ha demostrado un mejor comportamiento en materia de estabilidad presupuestaria que el propio Gobierno Central o la Comunidad de Madrid, ambas gobernadas por el PP».

Para Erika Rodríguez estamos ante una “presión política intolerable”. “Si no aprobamos los bloqueos de crédito impuestos por Hacienda, incumplimos la ley. Si hacemos caso de estos requerimientos de la Delegación del Gobierno, también incumplimos la ley. ¿Qué pretende el PP con estas maniobras? ¿La parálisis del Ayuntamiento de Madrid? ¿Provocar el caos financiero de la corporación?”.

En este sentido, Erika Rodríguez ha denunciado la “postura inconsistente y contraria a los intereses de los ciudadanos” que mantiene el Partido Popular, tanto desde el Gobierno como en el propio Grupo Municipal. “Por un lado promulgan un discurso economicista de eficiencia en el gasto y por el otro ponen todo tipo de obstáculos para el aprovechamiento de los recursos presupuestarios de forma clara y eficaz. Al no permitir el uso de los remanentes de tesorería a través de Inversiones Financieramente Sostenibles, están intentando obligar a que se impongan recortes en la política social de un ayuntamiento que tiene sus cuentas saneadas”.

Es más, tal y como recuerda la edil socialista, el Partido Popular votó a favor de algunas de las medidas ahora cuestionadas en el Pleno de julio, absteniéndose en otras. “Deben dar muchas explicaciones a la ciudadanía por sus cambios de postura”, señala.

Así, la concejala socialista ha hecho un llamamiento a los representantes del PP en la Corporación madrileña, para que se unan “a la ciudadanía, a la FEMP y a otros muchos Ayuntamientos de todo signo político que estamos demandando un cambio inmediato en la aplicación de la regla de gasto”.

Rodríguez ha insistido en que su grupo rechazará con todos los medios a su alcance la imposición de medidas “injustas y desproporcionadas” que obliguen a efectuar recortes sociales, “recortes que sufrirán en mayor medida los madrileños y madrileñas con menos recursos, que son los que más necesitan que el Ayuntamiento esté a su lado”.

• El Pleno del Ayuntamiento aprobó en junio y julio suplementos de crédito con cargo al superávit del año anterior.
• Estos acuerdos, por valor de 303 millones financian un total de 577 actuaciones: obras en 93 colegios públicos, compra de autobuses, acondicionamiento de centros de mayores o mejoras en el asfaltado.
• Delegación de Gobierno remitió dos requerimientos solicitando la paralización de esos acuerdos plenarios. En una carta de respuesta remitida esta semana, el Consistorio explica que «la anulación no se ajusta a Derecho».

El Ayuntamiento de Madrid ha remitido esta semana a la Delegación de Gobierno un escrito en el que rechaza la paralización de actuaciones de mejora de instalaciones e infraestructuras aprobadas en el Pleno. Responde así un requerimiento de anulación al considerar que «no se ajusta a Derecho».

El pasado mes de junio el Pleno municipal, máximo órgano de decisión del Ayuntamiento de Madrid, dio luz verde a suplementos de crédito y créditos extraordinarios por valor de 230 millones de euros. Otros 72 millones fueron aprobados en el Pleno de julio. Las cantidades proceden del superávit acumulado por el Ayuntamiento en 2016 y han sido destinadas a financiar actuaciones presupuestarias en todos los distritos de la ciudad.

577 actuaciones en distritos

La instalación de desfibriladores en los mercados de Madrid, la compra de autobuses, la operación asfalto, la replantación y cuidado del arbolado, las obras de restauración de las Murallas de Madrid o el templo de Debod, las mejoras en 93 colegios públicos, el acondicionamiento de instalaciones deportivas, centros culturales y de mayores o cementerios figuran entre las 577 intervenciones con cargo a esos acuerdos plenarios.

El 43% de las actuaciones están tramitadas ya y algunas incluso se han finalizado por lo que sería legalmente inviable proceder a su paralización.

Tras las decisiones del Pleno de Madrid, la Delegación de Gobierno envió dos requerimientos al Consistorio reclamando que se paralizaran esos acuerdos. Se remitían a la inmovilización presupuestaria de 238 millones de euros reclamada por el Ministerio de Hacienda al Ayuntamiento por incumplimiento de la regla de gasto.

Marco legal para la financiación de actuaciones

Esta semana el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, en nombre del Ayuntamiento de Madrid, ha enviado una carta de respuesta al primer requerimiento de la Delegación de Gobierno.

Aclara que «los acuerdos de no disponibilidad relativos al incumplimiento de la regla de gasto ya fueron adoptados y siguen vigentes en su totalidad. Los créditos adicionales adoptados en los Plenos de junio y julio tienen una fuente de financiación diferente, por lo que la argumentación de Delegación de Gobierno no se ajusta a Derecho».

El escrito rechaza el requerimiento al no haberse “tenido en consideración la normativa financiera y presupuestaria que ampara las modificaciones presupuestarias aprobadas”. Existe una “habilitación legal expresa para poder incorporar el superávit presupuestario del ejercicio anterior”, subraya la carta explicativa.

Se explica que «la aprobación de suplementos de crédito con cargo al superávit del año anterior y el destino de los mismos está regulada por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (disposición adicional sexta) y por Ley de Haciendas Locales (disposición adicional decimosexta). Los Presupuestos Generales del Estado aprobados el pasado 29 de junio dan cobertura legal a las modificaciones de crédito aprobadas en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid».