9 agosto, 2017

Cristina Cifuentes ha anunciado que la Comunidad de Madrid está trabajando en un anteproyecto de Ley de Farmacia con el objetivo de contar con un nuevo marco regulador de la ordenación y de la atención farmacéutica. Cifuentes se ha reunido hoy en la Real Casa de Correos, sede de la presidencia regional, con el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Luis González Díez, y su junta directiva.

Tras el encuentro, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha afirmado que el nuevo marco legal «fortalecerá el papel asistencial de los establecimientos farmacéuticos», entre ellos las oficinas de farmacia, y el de los profesionales de farmacia, “que, como agentes de salud, contribuyen a la mejora de la calidad de la asistencia recibida y percibida por pacientes y ciudadanos”.

“Ha sido una reunión muy grata y cordial, en la que hemos tratado diversos asuntos, como la futura Ley de Farmacia de la Comunidad de Madrid, la situación de las farmacias de viabilidad económica comprometida, el Día del Colegiado o el próximo congreso Infarma, organizado por los colegios de Barcelona y Madrid, al que acudirán 25.000 personas”, ha indicado la presidenta regional.

“Para la Comunidad, la Farmacia tiene un valor estratégico en nuestra política sanitaria, por la importancia de la prestación farmacéutica y por el valor que aporta el conjunto del sector farmacéutico al desarrollo y al bienestar”, ha afirmado Cifuentes, que ha agradecido al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid sus» importantes aportaciones al grupo de trabajo» sobre la futura ley.

Al corriente de los pagos a las farmacias
“Mantenemos una estrecha colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid mediante diversos conciertos y convenios dirigidos a los ciudadanos sobre la participación de las oficinas de farmacia en el sistema sanitario, desarrollando actuaciones de prevención y educación en beneficio de la salud de todos, y potenciando al profesional farmacéutico”, ha señalado Cristina Cifuentes, que ha subrayado que la Comunidad de Madrid está al corriente de los pagos a las farmacias.

En la Comunidad de Madrid hay 2.855 oficinas de Farmacia y más de 12.300 colegiados, de los cuales 8.000 trabajan en oficinas de farmacia.

La Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para aprobar una nueva Ley de Archivos y Documentos, con la próxima publicación en el Portal de Transparencia de la Comunidad y el Portal de Participación de la memoria del Anteproyecto de Ley de Archivos y Documentos de la Comunidad de Madrid. El texto permanecerá en consulta pública durante 15 días para recabar la opinión de las personas implicadas por la futura norma y las organizaciones más representativas.

La futura ley incluirá la limitación a la hora de externalizar la guardia y custodia de documentos públicos, que quedará restringida a situaciones de urgencia y requerirá, en todo caso, autorización previa de la consejería competente en materia de archivos.

A pesar de su esencial carácter legal y administrativo, los archivos han sido tradicionalmente contemplados en la normativa legal sólo como elementos de nuestro patrimonio histórico y cultural. El anteproyecto rompe con esa dinámica y pone el foco en los documentos que producen los organismos públicos y en la forma de tratarlos, conservarlos y hacerlos accesibles, desde que nacen hasta que son eliminados o bien son seleccionados para su conservación permanente como evidencias fieles para nuestra memoria colectiva.

Máximas garantías de protección para documentos públicos
La protección de los documentos públicos, al margen de que puedan ser catalogados como bienes culturales protegidos, quedará asegurada contra la destrucción indiscriminada o dolosa en el propio ámbito administrativo.

Con esta futura ley, los documentos públicos se han de conservar y tratar convenientemente en cuanto que son necesarios para la buena gestión, son garantes de obligaciones y derechos y permiten escrutar las actuaciones de los administradores y sus responsables, contemplando el derecho de acceso a los archivos vinculado a la legislación sobre transparencia.

Se contempla que alcance a todos los documentos, independientemente de su formato, cuidando muy especialmente la gestión de los documentos electrónicos, por los que apuesta decididamente la administración pública a partir de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

Actividad inspectora e inventario de bienes reconocidos
El Anteproyecto de Ley incrementa la tipificación de faltas que pueden cometerse en la gestión de los documentos públicos y endurece las sanciones para las mismas, reforzando la capacidad de inspección de la Comunidad de Madrid sobre la gestión de documentos y archivos públicos en su ámbito competencial, dando a los técnicos responsabilizados de la actividad inspectora el carácter de agentes de la autoridad.

Se regula la protección del Patrimonio Documental en lo que respecta a los documentos de los organismos públicos y privados, mejorando el régimen de protección de todos ellos a partir de una clara acotación del concepto y de los instrumentos de protección, especialmente con la creación del Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Documental Madrileño.

En cuanto a los archivos privados, la futura norma crea un mecanismo para que las entidades que lo soliciten se puedan integrar en la Red de Archivos de Uso Público de la Comunidad de Madrid y acceder así a todas las ventajas de la vinculación al sistema archivístico (recursos compartidos, asesoramiento técnico permanente) incluidas las ayudas públicas que la Comunidad de Madrid pueda ofrecer para el desarrollo y difusión de los archivos.

En este último caso, aquellos archivos privados que gocen de subvenciones de la Comunidad de Madrid, deberán garantizar la accesibilidad del público a sus fondos documentales salvo las excepciones amparadas por la legislación.

La Comunidad de Madrid va a responder a la petición de ayuda de los ayuntamientos del pantano de San Juan, aplicando ocasionalmente algunas medidas puntuales que ayuden a mejorar la seguridad de los bañistas y usuarios.

Se ampliará el dispositivo sanitario y de seguridad durante los días de más afluencia, intensificando la presencia de agentes forestales y efectivos del SUMMA en las zonas de baño y alrededores.

El viceconsejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Pablo Altozano, junto a responsables de las consejerías de Presidencia y Sanidad, ha mantenido una reunión con los alcaldes de San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa para analizar la situación de la zona de baño habilitada en la considerada como ‘playa de Madrid’.

Durante la reunión, los alcaldes han trasladado sus necesidades y proyectos para la zona, en una actuación que es estrictamente de competencia municipal. El Gobierno regional se ha comprometido a estudiar las peticiones municipales y delimitar las competencias de cada una de las propuestas que los ayuntamientos plantean para evitar nuevos sucesos en lo que queda de verano.

Unas competencias que en su mayoría son de ámbito municipal pero que también afectan a la Confederación Hidrográfica del Tajo, responsable por ejemplo de las actividades deportivas que se practican en el pantano de San Juan.

Regular y compatibilizar
El viceconsejero ha querido aclarar que ni la Comunidad de Madrid ni los ayuntamientos se plantean en ningún caso prohibir el baño, sino regular y compatibilizar los distintos usos de esta zona de gran valor medio ambiental, buscando el equilibrio entre el ocio por parte de los bañistas y el respeto por el entorno. Desde Summa y Madrid 112, se intensificará la campaña de información que se lleva a cabo con trípticos y a través de redes sociales con consejos para baño en espacios naturales.

Además, el Gobierno regional ha recogido la propuesta de separar la zona de baño de la destinada al uso de embarcaciones recreativas y deportes náuticos, dos usos que actualmente conviven y que podrían provocar situaciones de riesgo para los bañistas. En este sentido, la Comunidad de Madrid se ha comprometido a llevar esta propuesta ante la Confederación Hidrográfica del Tajo, la autoridad competente en el pantano de San Juan.

El lunes 14 de agosto finaliza el plazo para subsanar errores, formular alegaciones y aportar la documentación necesaria para las solicitudes de las ayudas al alquiler de 2017 de la Comunidad de Madrid, cuyas listas provisionales de admitidos y excluidos fueron publicadas el 31 de mayo. Todos los solicitantes incluidos en el listado provisional de excluidos disponen hasta el lunes para corregir los fallos y poder acceder a las subvenciones.

Cualquier extremo que se desee acreditar mediante la documentación aportada en esta fase de subsanación, en el supuesto de que la misma deba ser expedida por otras entidades u organismos, deberá haber sido solicitada por el interesado o interesados con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de las solicitudes de subvención (el 16 de mayo de 2017).

Este año se han presentado más de 21.000 solicitudes, que han sido revisadas en un tiempo récord, tras la finalización del plazo de presentación. Este hecho permitió la publicación de los listados provisionales de admitidos y excluidos antes de la finalización del mes de julio.

El procedimiento de concesión de las ayudas se determina en función de los ingresos de la unidad de convivencia. La medida prioriza que las ayudas lleguen a las familias que disponen de menos recursos económicos. La cuantía de las ayudas es del 40% de la renta anual del alquiler con un límite máximo de 2.400€ anuales por vivienda. La renta actualizada a pagar por el alquiler debe ser igual o inferior a los 600 € mensuales.