- La portavoz del PSOE en la Comisión de investigación sobre la reforma de la M-30 ha resumido las intervenciones de los comparecientes en las siguientes conclusiones: fueron obras ilegales, no contaron con la opinión de los vecinos y son tan opacas que todavía no se sabe el importe definitivo de la reforma.
- Ni Gallardón ni ninguno de los cargos del PP citados han asistido a la segunda sesión de la Comisión de Investigación, celebrada hoy.
- “Parece que Gallardón tiene algún problema en dar explicaciones a los vecinos y a los representantes de la ciudadanía porque le hemos invitado a esta comisión pero no ha venido”, ha subrayado la concejala socialista.
La portavoz del PSOE en la Comisión de Investigación no permanente sobre la obra de reforma de Madrid Calle 30, Mercedes González, ha señalado, como conclusiones de las comparecencias de hoy, que las obras de reforma de la M-30 «fueron ilegales -como así han indicado distintos tribunales- y opacas».
“Ha quedado claro que las obras de la M-30 han sido ilegales porque todos los tribunales, tanto españoles como europeos, han declarado nulos los procedimientos. Por lo tanto, fueron obras ilegales”, ha señalado González al término de la sesión.
La concejala del PSOE también ha explicado que la operación de reforma de la autovía urbana fue “absolutamente opaca” al dejar al margen a los ciudadanos. “El proyecto estrella de Gallardón no contó con los vecinos”, ha dicho la concejala, que ha subrayado que el ex alcalde «debe tener algún problema en dar explicaciones tanto a la ciudadanía como a los representantes políticos porque hoy, aunque estaba invitado, no ha acudido a la Comisión sobre la reforma de la M-30, de la que en su momento se mostró públicamente tan orgulloso».
Y tercera de las conclusiones: “La opacidad llega hasta hoy, que no se conoce aún la cifra exacta de cuánto costó esa infraestructura tan beneficiosa en algunos aspectos pero tan perjudicial que nos ha generado, sin duda, una herencia que estamos arrastrando”, ha lamentado la concejala socialista.
El primero de los comparecientes citados a la sesión de hoy ha sido Francisco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción, quien, a preguntas de la concejala socialista, no ha dudado en calificar la reforma de la M-30 de “ilegal”, como así fueron ratificando distintos tribunales, porque la obra fue troceada en tramos para eludir las restricciones marcadas por la ley y la elaboración de un informe de impacto ambiental.
La denuncia de Ecologistas comenzó en el año 2005 aunque la sentencia final no se produjo hasta el año 2011, con la reforma ya inaugurada. “No ha habido responsabilidades”, ha apuntado Segura, que ha recordado que la obra ha costado a los madrileños mucho más que la ampliación del Canal de Panamá.
Como experto en temas medioambientales, González ha querido conocer la opinión de Segura sobre los efectos de la reforma de la vía en la calidad del aire: “La congestión de tráfico sigue, no se ha resuelto el problema de la calidad del aire porque se ha pasado de 700.000 a 900.000 vehículos circulando por Madrid”, ha explicado Segura.
“Era un agujero negro”
José Luis Córdoba, técnico del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el mandato en el que se efectuó la reforma, ha explicado a González que su grupo nunca tuvo acceso a toda la información de la obra. Los expedientes administrativos y las facturas nunca llegaron a los grupos políticos que los solicitaron. El entonces gobierno del PP impidió también que la reforma de la M-30 fuera analizada en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones del Ayuntamiento de Madrid.
Córdoba ha indicado que las obras diferían “siempre” de los proyectos y que “la obra fue por delante de la ejecución”. También ha señalado que la improvisación y las prisas del gobierno de Gallardón por finalizar la obra antes de las elecciones provocó el encarecimiento de la reforma (por las modificaciones de los proyectos y por los altos salarios que se pagaban por trabajar a destajo), accidentes laborales (seis muertos durante la obra, dos más una vez acabada) y molestias las 24 horas a los vecinos de los aledaños. “Era un agujero negro. No se sabe lo que entraba ni lo que salía”, ha respondido a la concejala socialista cuando le ha preguntado por el precio final de la obra.
“Es indiscutible que era ilegal”
Por su parte, el abogado Manuel de la Rocha –tercero de los comparecientes en la sesión de hoy y representante legal del Grupo Municipal Socialista en el recurso- ha recordado que, en vez de plantear un proyecto global, la obra se realizó a través de 17 proyectos que fueron considerados individualmente, con la intención de evitar la valoración de impacto ambiental.
De la Rocha ha indicado que los tribunales rechazaron la paralización cautelar de las obras solicitada por los socialistas, un freno temporal que hubiera permitido realizar la evaluación de impacto ambiental antes que las obras. “Se quiso hacer aceleradamente por razones políticas, saltándose trámites que no eran simples”, ha explicado.
“¿Podríamos decir jurídicamente que las obras fueron ilegales?”, ha preguntado directamente Mercedes González. “La obra era contraria a la ley porque los actos eran nulos cuando se adoptaron. (..) Es indiscutible que era ilegal”, ha respondido el letrado.
De la Rocha también considera que la Comunidad de Madrid “se puso de perfil” en lo relacionado con la demanda de declaración de impacto ambiental. «En unas obras de estas características obviamente se requiere declaración de impacto ambiental. No se puede eludir algo que afecta al interés general», ha contestado. “Para hacer las cosas bien no hace falta saltarse la ley”, ha finalizado.
Según sus explicaciones, el Ayuntamiento de Madrid se quedó sin los 1.500 millones de euros de crédito del Banco Europeo de Inversiones en condiciones preferentes por la falta de declaración de impacto ambiental en las obras de la M-30. «Cuando la Comisión Europea abre expediente por este problema ambiental (la falta de la declaración de impacto) acordó suspender el préstamo preferente concedido al Ayuntamiento de Madrid por 1.500 millones de euros para la ejecución de la obra», ha manifestado.
La suspensión obligó al Ayuntamiento de Madrid a solicitar crédito a otras entidades bancarias, en peores condiciones crediticias, una circunstancia que, según la portavoz del PSOE Mercedes González, ha supuesto un sobrecoste de 75 millones de euros para las arcas municipales.
Vecinos del Nudo Sur
El último de los comparecientes citados, Ángel Lomas, representante de la Asociación de vecinos Nudo Sur, ha explicado que movilizaron masivamente a los vecinos afectados y que llegaron a reunir 15.000 firmas.
“Queríamos paralizar las obras en el Nudo Sur, no toda la obra, evitar que se construyera una chimenea en el Tierno Galván, queríamos que las obras se hicieran bien, con el menor impacto en la salud de la gente”, ha detallado.
Gallardón jamás los recibió. Incluso algunas personas de la plataforma acabaron agredidos por los servicios de seguridad del entonces alcalde. “Parece que Gallardón tiene algún problema en dar explicaciones a los vecinos y a los representantes de la ciudadanía”, ha señalado Mercedes González, “porque le hemos invitado a esta comisión pero no ha venido”.
Los vecinos, tras varias movilizaciones, consiguieron algunas explicaciones del Ayuntamiento de Madrid, aunque en ningún momento los representantes municipales les informaron de los posibles efectos de los contaminantes que expulsa la chimenea. La asociación encargó un informe que indica que las salidas de ventilación arrojan unos valores de contaminación muy superiores a las permitidas.
“¿Cree que el gobierno municipal les ocultó riesgos para la salud de esta obra?”, ha preguntado González al compareciente: “Sí, lo creo. Lo afirmo”, ha corroborado.
