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Ganemos Madrid exige la paralización de la demolición del Taller de Precisión de Artillería de Chamberí

Gacetín Madrid





La plataforma municipalista, que forma parte de Ahora Madrid, considera que «no existen razones para conceder la licencia que permite derribar el histórico edificio del TPA, puesto que no está aprobado el Convenio de Gestión necesario para poder edificar las nuevas construcciones, y también por prudencia, ya que existen abiertos varios frentes judiciales en la Fiscalía y en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que podrían anular la operación urbanística».

El Ayuntamiento de Madrid ha concedido la licencia para demoler el Taller de Precisión de Artillería, ubicado en la calle Raimundo Fernández Villaverde, en el distrito de Chamberí. «Entendemos que esta operación especulativa, mal planteada desde que en 1997 se recalificase la parcela de uso público perteneciente al Ministerio de Defensa a uso lucrativo residencial -multiplicando así la edificabilidad- supone una complicada herencia que debe ser solucionada en términos muy distintos a los que actualmente se mantienen desde el Área de Desarrollo Urbano Sostenible», denuncian desde Ganemos Madrid.

El Taller de Precisión de Artillería es un edificio que data de 1899 y figura con el número 25075 en el Catálogo de Edificios del actual Plan General de Ordenación Urbana de 1997, con nivel de protección Remitida (su grado de protección queda supeditado a la concreción en el mencionado Plan Parcial). Esta protección «fue obviada en la tramitación del Plan Parcial, pese a cumplir con criterios que avalarían su protección: más de cien años de antigüedad, valor arquitectónico por su estilo neomudéjar, ser el edificio de hormigón armado más antiguo de Madrid y contar con un jardín con árboles centenarios. También cumple con los requisitos del Plan Nacional de Patrimonio Industrial. De hecho, estuvo incluido con nivel de protección Estructural hasta en tres Catálogos anteriores (1977, 1980 y 1985), sin que se justificase su cambio a protección Remitida en el de 1997».




El plan de racionalización en la administración pública del PP facilitó en 2014 la venta de este inmueble, que era propiedad del Ministerio de Defensa. Sin embargo, para poder materializar los planes inmobiliarios del nuevo propietario del terreno, era preciso que el Ayuntamiento aprobase un Plan Parcial que permitiera la eliminación del conjunto histórico. Es por esto que hace poco más de un año se convocó un pleno extraordinario donde se evidenciaron las distintas opiniones que este tema suscita en el grupo municipal de Ahora Madrid al votar seis de sus concejales en contra del documento, en línea con la posición de las asociaciones vecinales, ecologistas y de defensa del patrimonio.

A raíz de la acción de estos colectivos existen dos recursos judiciales contra este Plan Parcial abiertos en el TSJM, así como una investigación de la Fiscalía. El tribunal aún no se ha pronunciado sobre la legalidad de este Plan ni, en definitiva, sobre la demolición de un edificio que podría catalogarse como patrimonio histórico. El siguiente requisito, tras el Plan Parcial, pasa por la aprobación en pleno de un Convenio de Gestión en el que se defina con mayor precisión la parcelación resultante, antes de la concesión de las licencias de edificación. El concejal del Área de Desarrollo Urbano Sostenible se comprometió al aprobar el Plan Parcial a recoger las reclamaciones vecinales (necesidades dotacionales y protección del patrimonio) en este Convenio, que aún no se conoce. Sin embargo, pese a que el Convenio aún no se ha aprobado y no se podrían construir los nuevos edificios, los nuevos propietarios solicitaron la licencia de demolición de los edificios existentes.

Desde Ganemos Madrid consideran que «la única motivación posible de esta petición es destruir los edificios históricos antes de que los tribunales puedan reconocer su protección y, por tanto, frustrar la operación inmobiliaria».

«La tramitación de la licencia de demolición en los últimos meses ha sido un proceso muy tortuoso, que se complicaba por las continuas aportaciones de datos que avalaban su valor histórico y que han ocasionado que se llevase en numerosas ocasiones a las comisiones de patrimonio municipal y autonómica», continúan.




En julio fue la Fiscalía quien paralizaba el proceso por las dudas sobre la protección del inmueble y en octubre se hacía pública la existencia, en el sótano, de un refugio antiaéreo subterráneo construido durante la Guerra Civil. A pesar de que – ante este hallazgo – se volvió a instar la paralización del expediente de la licencia de demolición, el proceso, ha seguido su curso y se ha concedido el permiso para la demolición por encima del nivel del suelo, manteniendo paralizada la actuación en la zona subterránea. Esta paralización se mantendrá hasta que concluyan los estudios sobre el refugio antiaéreo que está realizando la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid y podría convertirse en definitiva si, como todo parece indicar, se demuestra que se trata de un refugio antiaéreo de la Guerra Civil.

Desde Ganemos Madrid consideran que, de producirse esta demolición e»l Ayuntamiento de Madrid estaría continuando la política urbanística neoliberal mantenida por anteriores gobiernos, al priorizar el lucro residencial sobre la protección patrimonial de un edificio histórico y sobre los beneficios que el aprovechamiento público y dotacional tendría para quienes habitan Madrid».

«Entendemos que el gobierno municipal tuvo cierto margen de maniobra para solucionar esta situación en términos bien diferentes a la hora de redactar el Plan Parcial, pero sobre todo tiene margen para impedir la demolición hasta que el tribunal se pronuncie sobre las alegaciones presentadas en cuanto a la protección del edificio. No hay razones para comenzar de manera urgente una demolición, ya que no podrían construirse los nuevos edificios hasta que no se apruebe el Convenio de Gestión y se levante (o no) la imposibilidad de demoler el subsuelo. En caso de no paralizarse la demolición, Ganemos Madrid no descarta ejercer las acciones legales necesarias para lograrlo, poniéndose para ello a disposición de los colectivos vecinales, ecologistas y de defensa del patrimonio», concluyen desde Ganemos Madrid.

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